Santo Domingo. El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo 15 acciones directas de inconstitucionalidad conocidas en una audiencia pública celebrada esta semana, entre ellas cuestionamientos a disposiciones del Código Penal dominicano, al reglamento de licencias de conducir y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
El alto tribunal informó el 21 de octubre de 2026 que la audiencia estuvo presidida por su titular, Napoleón R. Estévez Lavandier. El hecho principal no es una sentencia ni la anulación de ninguna norma: significa que los jueces conocieron los planteamientos y que las decisiones están pendientes.
Qué normas fueron impugnadas
Entre los expedientes figura el TC-01-2026-0052, mediante el cual Gery Manuel Reyes Soriano cuestionó varios artículos —8, 192, 208, 209, 210, 211 y 310— de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal Dominicano.
La corte también conoció impugnaciones vinculadas al reglamento de licencias de conducir y a la legislación orgánica policial. Otros asuntos versan sobre las normas del Colegio de Abogados, seguros y fianzas, desheredación de hijos, telecomunicaciones, municipios y beneficios para afiliados a las AFP.
Qué significa que estén en estado de fallo
Durante una audiencia de acción directa de inconstitucionalidad, las partes exponen ante los magistrados por qué consideran que una disposición se ajusta —o no— a la Constitución. El procedimiento permite que el tribunal examine la controversia y adopte posteriormente una decisión.
De acuerdo con la comunicación institucional, las vistas se celebran conforme al artículo 41 de la Ley 137-11. Que un expediente quede en estado de fallo no implica que la corte haya acogido los argumentos de los accionantes.
Qué sigue
La atención se traslada ahora a las futuras sentencias, en las que el TC deberá definir el alcance de cada impugnación. Hasta que esas decisiones se emitan, no corresponde afirmar que el Código Penal o los reglamentos cuestionados hayan sido invalidados por esta audiencia.
Fuente primaria: comunicado del Tribunal Constitucional del 21 de octubre de 2026.
Acerca del autor
