Editorial | Diario El Caribeño
El respeto a las decisiones judiciales constituye una obligación de las instituciones públicas y una garantía fundamental para los ciudadanos.
La fortaleza de un Estado no se mide únicamente por las leyes que aprueba, las obras que construye o los servicios que ofrece. También se mide por su capacidad para cumplir las decisiones de sus propios tribunales.
La reciente condena impuesta por el Tribunal Superior Administrativo al Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su director general, Erick Alberto Guzmán Núñez, por el incumplimiento de una sentencia que ordenaba reincorporar a una servidora pública, vuelve a colocar sobre la mesa un principio que no debería admitir discusión: las decisiones judiciales deben respetarse.
Más allá de las particularidades de este proceso, la situación plantea una preocupación institucional que merece atención.
Las sentencias no son recomendaciones
Cuando un tribunal competente emite una decisión legalmente ejecutable, su cumplimiento no puede depender de la voluntad de quien dirige una institución.
Los funcionarios públicos administran responsabilidades que les han sido confiadas temporalmente. No son propietarios de las entidades que representan ni pueden colocar sus criterios personales por encima del ordenamiento jurídico.
El artículo 148 de la Constitución dominicana contempla, conforme a la ley, la responsabilidad civil conjunta y solidaria de las entidades públicas y sus funcionarios o agentes por daños derivados de actuaciones u omisiones administrativas antijurídicas. El artículo 149, párrafo I, incluye entre las funciones de los tribunales hacer ejecutar lo juzgado.
Estas disposiciones buscan garantizar que el ciudadano no quede indefenso frente al poder del Estado.
El costo de incumplir
En el caso de Inposdom, la Sentencia núm. 0030-02-2026-SSEN-00667, del 1 de octubre de 2026, estableció una indemnización solidaria de RD$1.5 millones a favor de Beata María Pérez Miliano. Dispuso además una penalidad de RD$5,000 por cada día de retraso en la reincorporación, bajo las condiciones y el plazo de notificación establecidos en el fallo.
Una condena económica contra una institución pública también plantea interrogantes sobre el uso de los recursos del contribuyente. Que exista una condena no significa, por sí solo, que el pago ya se haya realizado.
Cuando un conflicto administrativo termina generando penalidades, indemnizaciones o gastos judiciales, resulta legítimo preguntar si esas consecuencias pudieron evitarse mediante una actuación oportuna y ajustada a derecho.
Esto no significa desconocer el derecho de las instituciones a ejercer los recursos legales correspondientes.
Significa comprender que, cuando una decisión judicial resulta legalmente ejecutable, los recursos que no suspenden su cumplimiento no liberan a la institución de sus obligaciones.
Fortalecer la administración pública
Durante los últimos años, República Dominicana ha impulsado iniciativas orientadas a modernizar la administración pública, mejorar los servicios y fortalecer la transparencia.
Esos esfuerzos deben acompañarse de una cultura institucional de respeto a las decisiones judiciales.
Los organismos del Estado necesitan mecanismos eficaces para dar seguimiento a las sentencias, evaluar sus implicaciones y evitar incumplimientos que puedan generar responsabilidades adicionales.
La supervisión jurídica y administrativa debe servir para prevenir conflictos, no solamente para reaccionar cuando se produce una condena.
La autoridad comienza respetando la ley
Desde Diario El Caribeño consideramos que el fortalecimiento institucional exige coherencia entre el discurso público y la actuación de quienes ejercen funciones de autoridad.
El ciudadano debe tener la certeza de que una sentencia favorable no se convertirá en una nueva batalla contra la misma institución obligada a cumplirla.
La administración pública está llamada a servir a las personas dentro del marco de la legalidad.
Porque cuando una institución desconoce una decisión judicial, no solamente se afecta a quien acudió a los tribunales.
También se debilita la confianza en el sistema que debe garantizar los derechos de todos.
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que nunca pierde un proceso judicial, sino aquel que sabe respetar la justicia incluso cuando una sentencia le resulta desfavorable.
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