SANTO DOMINGO.– El arroz volvió a colocarse en el centro de las diferencias comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos, luego de que Washington reiterara que el país debía haber completado desde el 1 de enero de 2025 la eliminación de los aranceles agrícolas prevista en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
En su Informe Nacional de Barreras al Comercio de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señala que República Dominicana acordó eliminar los aranceles sobre todos los bienes agrícolas estadounidenses a partir de esa fecha y cuestiona las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para mantener protección sobre el arroz.
El documento estadounidense cita el Decreto 693-24, emitido por el Poder Ejecutivo dominicano a finales de 2024, que preservó un contingente preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos con arancel de 0 %.
El 99 % no aplica inmediatamente después de las 23,300 toneladas
La estructura arancelaria tiene una precisión relevante. Aunque el informe de USTR resume que las exportaciones que excedan el contingente preferencial quedan sujetas a un arancel de 99 %, un reporte del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) detalla que las importaciones adicionales pueden acogerse primero a un contingente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 17,810 toneladas métricas con un arancel de 20 %.
Fuera de esos dos contingentes, el arroz importado enfrenta un arancel de 99 %, conforme al régimen establecido por República Dominicana ante la OMC y recogido en el Decreto 693-24.
El decreto dominicano dispone aplicar al arroz el trato arancelario de la Lista XXIII del país ante la OMC, con una tasa de 20 % dentro del contingente y de 99 % fuera de este, al tiempo que conserva el cupo especial de 23,300 toneladas para arroz estadounidense con tasa cero.
Washington dice que la medida puede afectar compromisos del DR-CAFTA
USTR sostiene que actores estadounidenses han expresado preocupación porque la política dominicana podría menoscabar las obligaciones asumidas bajo el DR-CAFTA. El informe de 2026 agrega que Estados Unidos sigue de cerca el tema y mantiene conversaciones bilaterales con República Dominicana para abordarlo.
El cuestionamiento no es nuevo. El informe comercial estadounidense de 2025 ya había señalado el Decreto 693-24 y advertido sobre su posible incompatibilidad con el acceso libre de aranceles que, según la interpretación de Washington, debía regir para el arroz estadounidense desde enero de ese año.
Un informe del USDA publicado en enero de 2025 también indicó que las restricciones parecían inconsistentes con el acceso libre de aranceles y sin límites que el arroz estadounidense estaba previsto recibir al concluir el período de desgravación del acuerdo.
RD defiende el arroz como producto sensible
La decisión dominicana se apoya en la Ley 75-24 y en las facultades otorgadas al Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) para recomendar medidas especiales sobre productos considerados sensibles para la seguridad alimentaria.
El Gobierno ha sostenido que el arroz es un alimento esencial para la población dominicana y que la protección de la producción nacional es necesaria para preservar la capacidad productiva, la estabilidad de miles de productores y la seguridad alimentaria.
El propio informe del USDA recoge que las autoridades dominicanas justificaron el decreto como una medida destinada a salvaguardar la producción nacional de arroz y garantizar la seguridad alimentaria.
La disputa coincide con negociaciones arancelarias más amplias
El tema resurge mientras República Dominicana y Estados Unidos mantienen conversaciones sobre asuntos comerciales más amplios. El presidente Luis Abinader afirmó el 26 de agosto de 2026 que su Gobierno trabaja activamente para lograr un acuerdo recíproco de tarifas con Washington en condiciones favorables para el país.
El mandatario no vinculó públicamente esa negociación de manera específica con el conflicto del arroz, por lo que no puede establecerse que el producto forme parte directa de ese proceso. Sin embargo, la permanencia del reclamo en el informe oficial de USTR confirma que el acceso al mercado arrocero continúa siendo un punto pendiente en la relación comercial bilateral.
El DR-CAFTA entró en vigor para República Dominicana en marzo de 2007 y estableció períodos graduales de desgravación para productos considerados sensibles. En el caso del arroz, la protección fue uno de los temas de mayor importancia para los productores dominicanos desde la negociación del acuerdo.
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