Editorial. Durante años, buena parte de la discusión dominicana sobre Haití ha girado alrededor de la migración irregular. La evolución de la crisis haitiana obliga, sin embargo, a incorporar otra dimensión al análisis: la seguridad regional y el crimen organizado transnacional.
En Haití operan organizaciones armadas que controlan o disputan territorios, corredores y fuentes de ingresos ilícitos, mientras el Estado haitiano intenta recuperar espacios y restablecer su autoridad. Para República Dominicana, que comparte una frontera terrestre de casi 400 kilómetros con Haití, esa realidad tiene implicaciones que van más allá del control migratorio.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el 30 de septiembre de 2025, mediante la Resolución 2793, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) por un período inicial de 12 meses. La autorización establece un máximo de 5,550 integrantes, incluidos 5,500 efectivos uniformados y 50 civiles.
Ese número representa el techo autorizado de la misión, no la cantidad de efectivos que necesariamente se encuentran desplegados en Haití en un momento determinado.
La fuerza tiene entre sus objetivos apoyar a las autoridades haitianas en operaciones contra las bandas, recuperar capacidad de control territorial, proteger infraestructura crítica y contribuir a frenar los flujos de armas, municiones y otros recursos que sostienen a las organizaciones criminales.
Una frontera que no puede medirse solo por la verja
El portavoz de la GSF, Igor Rugwiza, reconoció recientemente que la fuerza internacional no contará con suficientes tropas para asegurar toda la frontera dominico-haitiana. En una entrevista publicada por Diario Libre, explicó que los esfuerzos se concentrarán en puntos considerados relevantes para el tráfico ilegal y en rutas utilizadas para el movimiento de armas, municiones y drogas.
La declaración aporta un dato importante al debate dominicano: una frontera extensa no puede analizarse únicamente desde la presencia física de tropas o desde la existencia de una barrera perimetral.
El 5 de septiembre de 2026, el Gobierno dominicano inició la construcción de otros 14.5 kilómetros de verja perimetral en Jimaní, provincia Independencia. La segunda etapa contempla seis torres de vigilancia, calles de patrullaje y otras obras destinadas a reforzar las capacidades de control fronterizo.
La propia estrategia oficial denominada Frontera Fuerte combina presencia militar, infraestructura, tecnología, vigilancia, movilidad y coordinación interinstitucional. Esa combinación refleja la naturaleza del problema: las redes criminales no dependen únicamente de hombres armados, sino también de dinero, combustible, transporte, armas, municiones, mercancías y rutas.
El problema son las redes criminales, no una nacionalidad
Una distinción resulta esencial para entender esta crisis: las organizaciones criminales que operan en Haití no representan a la población haitiana.
Los propios haitianos se encuentran entre las principales víctimas de la violencia. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) informó que al menos 1,408 personas murieron y 656 resultaron heridas entre abril y junio de 2026. El organismo también documentó secuestros, desplazamientos y cientos de casos de violencia sexual vinculados a la actividad de las bandas.
Ese contexto permite separar dos asuntos que con frecuencia se mezclan en el debate público: la condición migratoria de una persona y la actividad de una estructura criminal organizada. No son equivalentes.
Las redes delictivas pueden aprovechar debilidades institucionales, corrupción, contrabando y circuitos financieros para mover dinero, armas, drogas o personas. Su funcionamiento depende de conexiones que pueden atravesar fronteras y que no se explican por la nacionalidad de las víctimas o de la población general.
Las bandas también necesitan una economía
Cuando se habla de las organizaciones criminales haitianas suelen ocupar el centro de la atención sus armas, sus líderes y los territorios bajo su influencia. Menos visible es la economía que permite sostener esas estructuras.
Una organización capaz de mantener hombres armados, controlar corredores, extorsionar comunidades y disputar territorio necesita recursos constantes. Naciones Unidas ha identificado entre las fuentes de ingresos ilícitos de las bandas actividades como extorsión, secuestro, contrabando y otros mercados criminales.
Por eso, además del componente operativo, la GSF ha planteado la necesidad de atacar las redes logísticas y económicas que permiten a esos grupos abastecerse.
Para República Dominicana, el análisis de seguridad incluye preguntas concretas: qué rutas se utilizan para mover armas y municiones, cómo circula el dinero ilícito, dónde se producen los puntos de trasiego y qué actores participan en las cadenas de contrabando. Esas preguntas requieren investigación y evidencia; no deben convertirse en acusaciones sin pruebas.
Seguridad sin alarmismo
La situación haitiana es grave y está ampliamente documentada. Al mismo tiempo, la existencia de bandas armadas al otro lado de la frontera no convierte automáticamente a cada ciudadano haitiano ni a cada flujo transfronterizo en una amenaza.
La dimensión de seguridad exige distinguir hechos comprobados de temores, rumores o generalizaciones. La expansión territorial de bandas, el tráfico ilícito de armas y la debilidad institucional haitiana son problemas reales. También lo es el impacto humanitario que esas mismas bandas provocan sobre millones de personas en Haití.
República Dominicana mantiene instituciones operativas, Fuerzas Armadas organizadas y control efectivo de su territorio. Haití, en cambio, continúa enfrentando una disputa por territorios y corredores estratégicos que el Estado busca recuperar con apoyo internacional.
Un desafío que va más allá del muro
La frontera dominico-haitiana seguirá siendo un espacio de comercio, relaciones humanas e intercambio entre dos países que comparten la isla. Al mismo tiempo, constituye una línea estratégica frente a una crisis de seguridad que tiene componentes territoriales, financieros y logísticos.
El debate dominicano sobre Haití, por tanto, no se limita a migración ni a infraestructura física. También incluye inteligencia, control aduanero, vigilancia, persecución del contrabando, trazabilidad de armas y municiones, cooperación institucional y seguimiento de los flujos financieros ilícitos.
La amenaza más difícil de detectar no siempre es la que intenta cruzar una verja a plena vista. También puede operar mediante redes clandestinas, dinero ilegal, contrabando y complicidades.
Comprender esa diferencia permite analizar la frontera con mayor precisión y sin confundir a las víctimas de la crisis haitiana con las estructuras criminales que se benefician de ella.
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