Por Letty Rosmón
La reciente promulgación de una ley que autoriza de manera excepcional el reconocimiento y pago de obras e infraestructuras públicas ejecutadas sin contrato previo ha reabierto un debate profundo sobre:
- transparencia,
- legalidad,
- institucionalidad,
- y controles en la administración pública dominicana.
La normativa busca regularizar deudas históricas con contratistas que ejecutaron proyectos bajo criterios de continuidad estatal o urgencia administrativa, pero también ha generado preocupación entre juristas, economistas y especialistas en contratación pública.
Debate gira alrededor de la Ley 340-06
El núcleo de la discusión técnica se concentra en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que prohíbe ejecutar obras sin:
- asignación presupuestaria,
- contrato formalizado,
- ni aprobación legal correspondiente.
Los sectores que respaldan la medida argumentan que negar pagos cuando las obras existen físicamente podría representar un enriquecimiento injusto por parte del Estado.
Preocupación por posible precedente institucional
Sin embargo, críticos advierten que validar obras ejecutadas fuera de los procedimientos normales podría debilitar los mecanismos institucionales y abrir espacio a nuevas irregularidades administrativas.
Uno de los puntos más cuestionados es que la ley no establece con claridad el monto total auditado de las obligaciones que serían reconocidas y pagadas.
Desde la óptica de la transparencia fiscal, especialistas consideran que esta ausencia de un techo financiero explícito genera inquietud en la opinión pública.
Contraloría y Cámara de Cuentas tendrán rol clave
El análisis también plantea que la credibilidad del proceso dependerá del nivel de fiscalización ejercido por:
- la Contraloría General de la República,
- y la Cámara de Cuentas.
Ambos organismos deberán garantizar:
- auditorías rigurosas,
- publicación transparente de expedientes,
- y verificación física de las obras ejecutadas.
El reto será fortalecer la institucionalidad
Más allá del pago de compromisos pendientes, el principal desafío para el Estado dominicano será evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
El documento concluye que ningún funcionario debería autorizar obras públicas sin:
- contratos formalizados,
- disponibilidad presupuestaria,
- ni controles institucionales adecuados.
La discusión deja abierta una pregunta de fondo:
¿cómo equilibrar la continuidad estatal y la eficiencia administrativa sin debilitar las normas que protegen el patrimonio público?
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