por letty rosamon
La entrada en vigor del nuevo Código Penal plantea nuevos retos para periodistas, comunicadores, analistas y propietarios de medios digitales
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25) y del Código Procesal Penal (Ley 97-25), junto con el debate sobre el proyecto de ley de servicios audiovisuales, ha generado preocupación y discusión entre periodistas, comunicadores, abogados y especialistas en derecho constitucional sobre el alcance que estas normas podrían tener para el ejercicio de la libertad de expresión en la República Dominicana.
Más allá del debate político, el nuevo contexto jurídico plantea una realidad que todos los actores del ecosistema informativo deberán considerar: la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación, documentación y atribución de la información publicada.
Un escenario de mayor responsabilidad
La libertad de expresión continúa siendo un derecho fundamental protegido por la Constitución dominicana. Sin embargo, como ocurre en cualquier Estado de derecho, ese derecho convive con responsabilidades relacionadas con la protección del honor, la intimidad, la reputación y otros derechos fundamentales.
Especialistas consultados sobre este tema consideran que el nuevo marco legal exigirá una mayor rigurosidad en la elaboración de investigaciones, reportajes, columnas de opinión y análisis políticos, especialmente cuando involucren actuaciones de funcionarios públicos, instituciones o particulares.
En ese contexto, la diferencia entre una opinión legítima y una afirmación presentada como hecho adquiere mayor importancia.
La importancia de la evidencia
Uno de los principales desafíos para periodistas y analistas será fortalecer la sustentación documental de sus publicaciones.
La utilización de informes oficiales, estadísticas públicas, auditorías, resoluciones administrativas, decisiones judiciales y documentos emitidos por organismos nacionales e internacionales constituye una práctica que reduce riesgos y fortalece la credibilidad del contenido.
Asimismo, cuando existan hechos que aún no hayan sido comprobados judicialmente, resulta recomendable atribuir claramente la información a la fuente correspondiente y evitar presentar como concluidas situaciones que todavía están bajo investigación.
Opinión y hecho no son lo mismo
En el periodismo moderno resulta indispensable diferenciar claramente:
- Los hechos verificables.
- Las interpretaciones.
- Los análisis.
- Las opiniones editoriales.
La opinión goza de una amplia protección constitucional, pero debe construirse sobre una base fáctica suficientemente sustentada.
Mientras más sólido sea el soporte documental de una publicación, mayor será también su fortaleza frente a cualquier cuestionamiento.
La moderación de comentarios cobra mayor importancia
Otro aspecto señalado por especialistas es la administración responsable de las plataformas digitales.
Los medios que permiten comentarios públicos deben contar con protocolos claros para atender solicitudes de rectificación, eliminar contenidos manifiestamente ilícitos cuando corresponda y actuar con diligencia frente a eventuales notificaciones.
La moderación adecuada no implica limitar el debate público, sino garantizar que ese debate se desarrolle dentro del marco legal vigente.
El derecho de rectificación sigue siendo una garantía democrática
La Constitución dominicana reconoce mecanismos de rectificación y respuesta para proteger tanto la libertad de expresión como los derechos de las personas.
Cuando un medio detecta un error o una información susceptible de generar interpretaciones incorrectas, la publicación oportuna de una aclaración fortalece la transparencia y contribuye a preservar la confianza de los lectores.
Rectificar no debilita al periodismo; por el contrario, constituye una muestra de responsabilidad profesional.
La mejor protección continúa siendo el rigor periodístico
La transformación tecnológica y jurídica obliga a periodistas, analistas y propietarios de medios a fortalecer sus procesos internos.
Verificar antes de publicar, atribuir correctamente la información, diferenciar hechos de opiniones, conservar la documentación de respaldo y mantener políticas claras de corrección representan herramientas fundamentales para ejercer un periodismo responsable.
Más allá de los cambios legislativos, la calidad del trabajo periodístico seguirá dependiendo del compromiso con la verdad, la evidencia y el interés público.
Un desafío para la democracia
La discusión sobre la libertad de expresión no debe entenderse únicamente como un debate entre periodistas y legisladores.
Se trata de una conversación que involucra a toda la sociedad, porque una democracia necesita medios libres, ciudadanos bien informados e instituciones capaces de proteger simultáneamente la libertad de informar y los derechos fundamentales de todas las personas.
El reto consiste en encontrar un equilibrio que permita fortalecer el Estado de derecho sin debilitar el debate público ni limitar el ejercicio responsable del periodismo y el análisis.
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