Cuando el precio internacional del petróleo sube, República Dominicana tiene razones suficientes para preocuparse.
No somos un gran productor de petróleo y nuestra economía depende considerablemente de los combustibles importados. Por eso, cada escalada internacional termina convirtiéndose, tarde o temprano, en presión sobre los precios internos, las empresas, el transporte, la generación eléctrica y las finanzas públicas.
El petróleo ha vuelto a superar la peligrosa barrera de los 100 dólares por barril. Este jueves, el Brent cerró en US$107.63 y el West Texas Intermediate (WTI) en US$102.48, impulsados principalmente por las tensiones geopolíticas y los temores de nuevas interrupciones en el suministro mundial.
Para una economía como la dominicana, esto no es una noticia distante.
Es una amenaza directa al bolsillo.
El petróleo no afecta solamente la gasolina
Existe la percepción de que una subida del petróleo perjudica principalmente al ciudadano que tiene un vehículo.
Nada más lejos de la realidad.
Cuando aumenta el gasoil, aumenta el costo de mover un camión. Si cuesta más transportar mercancías desde los centros de producción hasta los supermercados, parte de ese costo termina incorporándose al precio de los productos.
Suben los costos de distribución de alimentos, materiales de construcción, productos industriales y prácticamente cualquier mercancía que necesite transporte.
Por eso, el petróleo puede terminar encareciendo incluso productos que aparentemente no tienen ninguna relación con un barril de crudo.
El impacto también alcanza al transporte público, la agricultura, el turismo, la aviación y buena parte de la actividad productiva nacional.
Y existe otro elemento particularmente importante: la electricidad.
Durante enero y febrero de este año, el fuel oil No. 6 representó aproximadamente el 12.9 % de la generación eléctrica nacional, mientras el gas natural alcanzó un 37.1 %, de acuerdo con el Informe de Desempeño del Sector Eléctrico correspondiente a febrero de 2026.
Eso significa que las turbulencias de los mercados energéticos internacionales todavía tienen capacidad para afectar considerablemente los costos del sistema eléctrico dominicano.
Una vulnerabilidad que República Dominicana todavía arrastra
Nuestro país ha avanzado en diversificar su matriz energética, pero todavía somos altamente dependientes de energía importada.
El propio Gobierno ha reconocido que República Dominicana apenas refina alrededor del 20 % de los combustibles que consume y que buena parte de los productos terminados debe adquirirse utilizando precios internacionales de referencia.
Ahí está una de nuestras principales vulnerabilidades económicas.
Cuando el petróleo baja, respiramos.
Cuando sube, pagamos.
Y cuando supera los 100 dólares durante períodos prolongados, la factura comienza a sentirse en toda la economía.
El Gobierno ha utilizado un importante muro de contención
Hasta ahora, la administración del presidente Luis Abinader ha optado por evitar que todo el aumento internacional llegue inmediatamente a los consumidores.
Es una decisión correcta.
Solo para la semana del 5 al 11 de septiembre, el Gobierno destinó RD$1,294.5 millones para mantener congelados varios de los combustibles de mayor consumo.
Según los datos oficiales, el gasto acumulado en subsidios a los combustibles durante 2026 ya supera los RD$30,000 millones. Para esa semana, el Estado estaba absorbiendo RD$94.31 por galón de gasoil regular y RD$101.91 por galón de gasoil óptimo, además de subsidios para otros combustibles de amplio consumo.
Ese esfuerzo ha servido como un verdadero amortiguador contra la inflación.
Si todo el incremento del mercado internacional hubiese sido transferido directamente al consumidor, probablemente sus efectos ya serían mucho más visibles en el transporte y en numerosos bienes y servicios.
Pero también debemos reconocer una realidad incómoda:
Los subsidios no producen petróleo barato; simplemente trasladan parte de la factura desde el consumidor hacia el Estado.
Y el dinero del Estado también pertenece a los ciudadanos.
El subsidio tiene límites
Aquí comienza el verdadero desafío.
Un Gobierno puede destinar cientos o miles de millones de pesos para contener temporalmente los precios de los combustibles. Pero si el petróleo permanece durante meses por encima de los 100 dólares, mantener indefinidamente esa protección puede convertirse en una pesada carga fiscal.
El presupuesto dominicano para 2026 fue elaborado considerando un petróleo alrededor de los US$65 por barril, según explicó el propio presidente Abinader en marzo.
La diferencia con los niveles actuales es enorme.
Por eso debemos evitar dos posiciones extremas.
Ni sería responsable transferir de golpe toda la crisis internacional a las familias dominicanas, ni sería sostenible pretender que el Estado puede absorber eternamente cualquier aumento sin consecuencias para las finanzas públicas.
La respuesta debe estar en el equilibrio.
Proteger especialmente al transporte público, al GLP, al gasoil utilizado en actividades productivas y a los sectores de menores ingresos, mientras se preserva la estabilidad fiscal.
La crisis también debe dejarnos una lección
Cada nuevo episodio de petróleo caro debería recordarnos algo que República Dominicana conoce desde hace décadas: nuestra dependencia energética constituye una vulnerabilidad estratégica.
El país necesita acelerar todavía más la expansión de las energías renovables, el almacenamiento eléctrico, la modernización de las redes, el transporte colectivo eficiente y todas aquellas inversiones capaces de reducir progresivamente nuestra exposición a los combustibles importados.
No podremos eliminar de la noche a la mañana nuestra dependencia del petróleo.
Pero sí podemos hacer que cada año pese un poco menos sobre nuestra economía.
Porque el problema del barril a 100 dólares no es solamente cuánto tendremos que pagar la próxima semana por un galón de combustible.
El verdadero problema es cuánto puede terminar costando producir alimentos, transportar pasajeros, mover mercancías, generar electricidad y sostener las cuentas del Estado.
Cuando sube el petróleo, la factura termina llegando a todos.
Y precisamente por eso la respuesta no puede limitarse a subsidiar la próxima semana.
Debe consistir también en construir un país que, ante la próxima crisis petrolera internacional, tenga que mirar un poco menos el precio del barril antes de calcular cuánto nos va a costar.
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