Por Karen Serrata | Comunicadora y abogada · Opinión | 12 de octubre de 2026
Hay una realidad que debemos comenzar a discutir con mayor responsabilidad en la República Dominicana: los precios de los combustibles no dependen exclusivamente de la voluntad de un ministro, de una decisión presidencial ni de lo que deseemos pagar cuando llegamos a una estación de gasolina.
Entiendo perfectamente el malestar de los dominicanos. Cada aumento representa una carga adicional para el trabajador, el transportista, el comerciante y las familias que deben hacer malabares para llegar a fin de mes. Pero una cosa es reconocer legítimamente ese malestar y otra muy distinta es atribuirle al Gobierno dominicano la responsabilidad de una crisis energética que tiene sus principales causas a miles de kilómetros de nuestro territorio.
Ni el presidente Luis Abinader ni el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, tienen la capacidad de determinar cuánto cuesta el barril de petróleo en los mercados internacionales.
Y esta no es una afirmación política. Es una realidad económica.
Una crisis que no comenzó en República Dominicana
El mundo atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre energética. Los conflictos en Oriente Medio, las tensiones alrededor de las rutas de transporte de petróleo, la guerra entre Rusia y Ucrania y las dificultades en el funcionamiento de refinerías internacionales están provocando presiones sobre los precios del crudo y, especialmente, de sus derivados.
Este lunes 12 de octubre, el petróleo Brent llegó a superar los 106 dólares por barril, según los reportes de los mercados internacionales, reflejando nuevamente la inestabilidad de un mercado donde cualquier amenaza al suministro puede provocar movimientos importantes en los precios.
Ahora bien, hagámonos una pregunta sencilla: ¿qué responsabilidad tiene República Dominicana en los ataques a instalaciones petroleras, en los conflictos entre potencias o en las interrupciones del suministro mundial?
Ninguna en cuanto al origen de esos acontecimientos.
Nuestro país no es un gran productor de petróleo. Dependemos de las importaciones para cubrir la mayor parte de nuestras necesidades de combustibles. Eso significa que, cuando los precios internacionales aumentan, nuestra economía recibe directamente las consecuencias.
Además, existe un elemento que muchas veces pasa inadvertido: no es lo mismo el precio del petróleo crudo que el precio de la gasolina o del gasoil ya refinados.
Los costos de refinación, el transporte marítimo, los seguros y la disponibilidad internacional de productos terminados también influyen en lo que finalmente pagamos.
Por eso, incluso cuando el petróleo registra alguna disminución, no necesariamente veremos una reducción inmediata o equivalente en todos los combustibles.
¿Es Yayo Sanz Lovatón responsable de los aumentos?
Me parece importante establecer una diferencia entre la responsabilidad de administrar una situación y la responsabilidad de haberla provocado.
Como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón tiene la obligación de supervisar y aplicar la política nacional de comercialización de combustibles, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Pero esa responsabilidad administrativa no lo convierte en el responsable de las guerras, las dificultades de refinación ni las variaciones internacionales que encarecen los productos importados.
La Ley 112-00, en su artículo 8, establece un sistema de actualización semanal de los precios de los combustibles que toma en consideración factores como las cotizaciones internacionales y la tasa de cambio.
A estos elementos se agregan impuestos y márgenes de comercialización que también inciden en el precio final.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que el Gobierno no tiene ninguna participación en la formación de los precios nacionales. Sí la tiene. Lo que no controla es el costo internacional de los combustibles que debemos importar.
Y esa diferencia merece ser explicada con claridad.
Una cosa es exigirle al ministro que administre correctamente una crisis y otra es responsabilizarlo de haberla generado.
Los subsidios que muchas veces no vemos
Hay otro aspecto que debe formar parte de esta conversación: el enorme esfuerzo fiscal que representa impedir que todos los aumentos internacionales lleguen directamente al consumidor dominicano.
Para la semana del 10 al 16 de octubre, el Gobierno anunció una asignación de RD$1,525.4 millones en subsidios para contener los precios de combustibles esenciales.
Gracias a esa intervención, la gasolina regular, el gasoil regular y el gas licuado de petróleo permanecieron sin variación, mientras que la gasolina prémium aumentó cinco pesos y el gasoil óptimo doce pesos por galón.
Según la información oficial, los subsidios acumulados durante 2026 se aproximan a RD$38,200 millones, una cifra que revela la dimensión de la presión que enfrenta el presupuesto nacional.
¿Significa esto que los consumidores no están sintiendo los aumentos? Por supuesto que no.
¿Significa que el Gobierno ha logrado neutralizar todos los efectos de la crisis? Tampoco.
Lo que significa es que una parte importante de las presiones internacionales está siendo absorbida mediante recursos públicos, evitando que su impacto completo se refleje inmediatamente en determinados combustibles.
Sin embargo, tampoco podemos olvidar que los subsidios no son dinero que aparece por arte de magia. Son recursos del Estado que también podrían destinarse a hospitales, escuelas, infraestructura y otros servicios fundamentales.
Por eso, el verdadero debate debe incluir hasta dónde puede el país sostener ese esfuerzo sin comprometer otras prioridades nacionales.
La crítica es necesaria, pero debe tener fundamento
Defender la verdad económica de esta situación no significa otorgarle al Gobierno un cheque en blanco.
Creo que los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones transparentes sobre la fórmula de los combustibles, el peso de los impuestos, los márgenes de comercialización y el destino de cada peso utilizado en subsidios.
También considero necesario revisar la estructura impositiva y avanzar en alternativas energéticas que reduzcan nuestra dependencia del petróleo importado.
De hecho, el propio ministro Sanz Lovatón anunció en junio una propuesta para reformar la Ley de Hidrocarburos, reconociendo la necesidad de modernizar el sistema y avanzar hacia una matriz energética menos dependiente de los combustibles fósiles.
Ese es un debate que merece atención, porque no podemos continuar indefinidamente expuestos a cada conflicto internacional.
Pero hay algo que debemos evitar: convertir una crisis económica global en una discusión donde las explicaciones técnicas desaparezcan detrás de los señalamientos políticos.
La ciudadanía no necesita que se le oculte la magnitud del problema ni que se le presenten culpables fáciles. Necesita información para comprender por qué está pagando más y cuáles decisiones pueden protegerla.
No podemos pedirle a un país importador que controle el mercado mundial
Seamos razonables.
Si las rutas petroleras están amenazadas, si las refinerías internacionales reducen su producción y si los mercados reaccionan con aumentos, República Dominicana no puede aislarse completamente de esas consecuencias.
No tenemos el poder económico ni la capacidad productiva para imponer los precios internacionales.
Lo que sí podemos hacer es administrar con prudencia, utilizar los subsidios de manera responsable, fortalecer la supervisión del mercado y construir una política energética menos vulnerable.
Y eso es precisamente lo que debemos evaluar en la gestión del Gobierno y del ministro de Industria y Comercio: sus decisiones, sus resultados, su transparencia y su capacidad de respuesta.
No las crisis internacionales que ninguno de ellos provocó.
El país necesita soluciones, no culpables equivocados
Soy de las que entiende que gobernar también implica enfrentar circunstancias que no se provocaron. Las autoridades no pueden evadir su responsabilidad de proteger al consumidor argumentando simplemente que el problema viene de fuera.
Pero tampoco sería justo exigirles que hagan desaparecer, mediante una decisión administrativa, el costo de una crisis que golpea a numerosos países.
Podemos debatir si los subsidios son suficientes, si los impuestos deben revisarse o si existen mecanismos más eficientes para proteger a las familias dominicanas.
Lo que no podemos es perder de vista dónde comienza el problema.
La crisis del petróleo no nació en Santo Domingo. Yayo Sanz Lovatón no controla las refinerías del mundo y República Dominicana no determina el precio internacional de los combustibles.
Reconocerlo no implica renunciar a la crítica. Implica ejercerla con conocimiento y responsabilidad.
Porque el verdadero desafío no consiste en encontrar a quién señalar cada viernes cuando se anuncian los precios de los combustibles.
Consiste en determinar qué estamos haciendo hoy para que mañana una guerra, una crisis petrolera o una interrupción del suministro mundial no vuelva a poner contra la pared el bolsillo de los dominicanos.
Karen Serrata
Comunicadora y abogada
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