Santo Domingo.– La reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional vuelve a la agenda del Congreso Nacional después de no completar su aprobación antes del cierre de la pasada legislatura y perder vigencia, lo que obliga a reiniciar su recorrido legislativo.
De acuerdo con reportes publicados este jueves, la iniciativa fue reintroducida con el comienzo del nuevo período congresual, tras haber quedado pendiente en la Cámara de Diputados luego de ser aprobada en segunda lectura por el Senado durante julio.
La pieza busca modificar de manera amplia la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, con cambios relacionados con la carrera policial, el régimen disciplinario, el uso de la fuerza, los registros a ciudadanos, los controles internos y la utilización de tecnología durante las intervenciones.
Senado la aprobó en julio antes de enviarla a Diputados
El Senado aprobó la reforma en segunda lectura el 10 de julio de 2026, después de meses de estudio y numerosas modificaciones, y posteriormente la remitió a la Cámara de Diputados.
En la Cámara Baja, la Comisión Permanente de Interior y Policía inició el estudio de un texto de más de 300 artículos, pero el tiempo resultó insuficiente para completar el procedimiento antes del cierre de la legislatura ordinaria del 26 de julio.
Al no obtener la aprobación definitiva de ambas cámaras dentro del período legislativo correspondiente, la iniciativa perimió y debe volver a cumplir las etapas constitucionales y reglamentarias necesarias para convertirse en ley.
El contenido discutido puede servir de base
Que el proyecto haya perimido no significa necesariamente que desaparezcan todos los consensos alcanzados durante el estudio anterior.
Los legisladores pueden utilizar como referencia el texto aprobado previamente por el Senado, las observaciones formuladas en comisión y las propuestas recibidas de instituciones públicas y otros sectores.
Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, la iniciativa reintroducida deberá volver a ser conocida, estudiada, sometida a informe y votada conforme al procedimiento correspondiente.
Cámaras corporales y nuevas reglas para las requisas
Entre los cambios más relevantes de la versión aprobada por el Senado figuraba la obligación de mantener activadas las cámaras corporales durante determinados registros e intervenciones policiales.
El texto también reconocía el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales y contemplaba consecuencias disciplinarias para los agentes que realizaran registros sin activar los dispositivos institucionales en los casos previstos.
En materia de requisas, la propuesta establecía reglas orientadas a proteger la dignidad de las personas, incluyendo límites a los tocamientos invasivos y a la exigencia de desnudarse durante registros superficiales.
Uso de la fuerza bajo criterios de necesidad y proporcionalidad
Otro de los ejes de la reforma es la regulación del uso de la fuerza.
La versión discutida por el Senado reforzaba los criterios de necesidad y proporcionalidad y establecía que los agentes deben utilizar los medios autorizados procurando causar el menor daño posible durante sus actuaciones.
También ampliaba el régimen disciplinario y las consecuencias frente al uso excesivo de la fuerza y otras conductas consideradas incompatibles con el servicio policial.
Limita servicios policiales a particulares
La reforma aprobada previamente por la Cámara Alta también incluía restricciones para evitar que miembros de la Policía Nacional fueran asignados o prestaran servicios a particulares, empresas o fundaciones fuera de los casos expresamente permitidos.
Al mismo tiempo, contemplaba reglas para la asignación oficial de agentes a instituciones públicas y consecuencias frente al uso irregular del personal policial.
La reforma coincide con una nueva cúpula policial
El reinicio del debate legislativo se produce pocos días después de cambios importantes en la dirección de la Policía Nacional.
El presidente Luis Abinader designó el 17 de agosto al mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García como director general de la institución mediante el Decreto 558-26.
Posteriormente, el general Martín Miguel Tapia Sánchez fue designado inspector general mediante el Decreto 574-26.
Los nuevos mandos asumen así la conducción de una institución cuyo marco jurídico continúa pendiente de una reforma integral.
El Congreso tendrá que decidir la velocidad del proceso
La nueva legislatura deberá determinar cuánto del trabajo realizado previamente puede aprovecharse para acelerar el análisis sin sacrificar el debate sobre una normativa de amplio impacto institucional.
Durante el proceso anterior, legisladores y distintos sectores reclamaron tiempo suficiente para estudiar una iniciativa que introduce modificaciones profundas a la estructura, disciplina, carrera y actuación cotidiana de la Policía Nacional.
Otros sectores han insistido en que la transformación de la institución no debe continuar retrasándose.
La ley es solo una parte de la reforma
La aprobación de una nueva Ley Orgánica constituye una pieza importante del proceso, pero su efectividad dependerá también de la aplicación práctica.
Cámaras corporales, protocolos de requisa, nuevas reglas disciplinarias y límites al uso de la fuerza requieren recursos, formación, supervisión y mecanismos efectivos de cumplimiento.
El Gobierno ha desarrollado en los últimos años programas de formación, tecnología, infraestructura, nuevos uniformes y cambios en el modelo de patrullaje, mientras el nuevo marco legal sigue pendiente de aprobación definitiva.
La reforma vuelve al punto de partida legislativo
Después de meses de trabajo en el Senado y de un estudio que quedó inconcluso en la Cámara de Diputados, la reforma policial abre ahora un nuevo capítulo.
El reto del Congreso será recuperar los avances técnicos alcanzados, discutir las observaciones pendientes y completar el procedimiento antes de que el calendario legislativo vuelva a convertirse en un obstáculo.
Fuentes: Senado de la República Dominicana, Presidencia de la República, antecedentes legislativos de la Cámara de Diputados y reportes periodísticos sobre la reintroducción de la iniciativa en la nueva legislatura.
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