Las recientes elecciones celebradas en Perú y Colombia han vuelto a colocar sobre la mesa una realidad que avanza silenciosamente en gran parte de América Latina: cada vez resulta más difícil que un candidato presidencial logre una victoria contundente en la primera vuelta.
La fragmentación política, el surgimiento de nuevos liderazgos, el desgaste de los partidos tradicionales y una ciudadanía más independiente están transformando la forma en que se construye el poder en la región.
Durante décadas, los sistemas políticos latinoamericanos estuvieron dominados por grandes estructuras partidarias capaces de concentrar importantes porcentajes del electorado. Hoy el panorama es muy distinto. Los ciudadanos votan con mayor libertad, las lealtades partidarias son menos rígidas y las figuras individuales tienen cada vez más peso en las decisiones electorales.
El resultado es evidente: los votos se distribuyen entre más candidatos y las segundas vueltas se convierten en el escenario donde finalmente se define quién gobernará.
Perú ofrece un ejemplo claro de esta realidad. La amplia dispersión del voto obligó a una nueva ronda electoral para determinar quién será capaz de construir una mayoría nacional. Colombia también confirmó que la polarización y la fragmentación del electorado hacen cada vez más frecuente que la decisión definitiva se posponga para una segunda jornada.
La pregunta inevitable es si República Dominicana podría recorrer un camino similar.
Hasta ahora, el sistema político dominicano ha estado caracterizado por la existencia de fuerzas con suficiente capacidad para concentrar grandes segmentos del electorado. Sin embargo, el panorama hacia el 2028 presenta elementos que merecen una observación cuidadosa.
El PRM intentará mantener el poder después de dos períodos consecutivos de gobierno. La Fuerza del Pueblo continúa fortaleciendo su estructura nacional. El PLD procura reorganizarse y recuperar espacios perdidos. Al mismo tiempo, nuevas figuras políticas buscan posicionarse ante una ciudadanía cada vez más exigente y menos comprometida con las lealtades tradicionales.
En un escenario donde varias candidaturas logren niveles importantes de apoyo, alcanzar el 50 % más uno de los votos en primera vuelta podría convertirse en un reto mucho más complejo que en procesos anteriores.
La posibilidad de una segunda vuelta ya no debe verse como una hipótesis remota. Por el contrario, comienza a perfilarse como una alternativa real dentro de la evolución natural del sistema democrático dominicano.
Pero más allá de los cálculos electorales, existe una reflexión más profunda. La segunda vuelta no necesariamente representa una crisis política. En muchas democracias consolidadas constituye una herramienta para fortalecer la legitimidad de quien resulta electo y para obligar a los candidatos a construir consensos más amplios.
Los tiempos están cambiando. Las campañas ya no se ganan únicamente con estructuras territoriales, recursos económicos o fidelidades históricas. Hoy pesan cada vez más la credibilidad, la conexión con las preocupaciones reales de la población y la capacidad de construir alianzas políticas y sociales.
América Latina está entrando en una etapa de mayor competencia, mayor pluralidad y también mayor fragmentación electoral. República Dominicana no está aislada de esa tendencia.
La verdadera pregunta ya no es si el país puede tener una segunda vuelta presidencial. La pregunta es cuándo ocurrirá y qué tan preparados estarán los partidos para competir en un escenario donde la victoria dependerá menos de la fuerza propia y más de la capacidad de sumar voluntades.
Porque si algo están demostrando Perú, Colombia y otras democracias de la región, es que las mayorías automáticas son cada vez más escasas y que el futuro político pertenece a quienes sepan construir consensos más allá de sus propias bases partidarias.
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