
Santo Domingo.– El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) reveló que el espacio donde recientemente fueron encontrados 14 menores en Haina ya había sido intervenido por las autoridades aproximadamente un año antes.
La presidenta ejecutiva de CONANI, Ligia Pérez Peña, explicó que en septiembre de 2025 la oficina local del organismo alertó a las autoridades judiciales sobre la presencia de niños en el establecimiento y coordinó una intervención junto a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.
Según la funcionaria, en aquella ocasión los menores fueron retirados del lugar y devueltos a sus familiares, mientras se realizó seguimiento a esas familias para evitar que los niños fueran enviados nuevamente al centro.

Pérez Peña añadió que la Fiscalía amonestó y advirtió al responsable del establecimiento que no podía continuar operando con menores sin las autorizaciones correspondientes.
Un menor escapó y activó la nueva investigación
El caso volvió a la atención de las autoridades después de que un menor escapara del lugar y acudiera a una dotación policial en Hatillo, San Cristóbal.
De acuerdo con informaciones atribuidas a la Policía Nacional y recogidas por medios nacionales, el niño denunció presuntos maltratos físicos, aislamiento, privación de alimentos y trabajos forzados.
También habría declarado que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar labores vinculadas con madera y construcción.
Estas acusaciones forman parte de una investigación en curso y no constituyen hechos judicialmente establecidos.
Autoridades pusieron bajo protección a 14 menores
Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, CONANI y unidades especializadas en trata y tráfico de personas realizaron intervenciones en la denominada Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, ubicada en el sector Las Paredes de Haina.
Durante el operativo fueron localizados y puestos bajo protección 14 niños y adolescentes, incluidos infantes de pocos meses de edad.
Las informaciones publicadas hasta ahora presentan diferencias sobre el rango exacto de edades de los menores y sobre la cantidad de personas detenidas para fines de investigación, por lo que Diario El Caribeño evita fijar esas cifras secundarias como definitivas a la espera de una actualización formal del Ministerio Público.
La intervención anterior cambia el enfoque del caso
La revelación de CONANI introduce una dimensión institucional relevante: las autoridades ya conocían la existencia del espacio y habían retirado menores de allí aproximadamente un año antes.
Esto deja abiertas preguntas sobre qué ocurrió después de la primera intervención, qué tipo de seguimiento se mantuvo sobre el establecimiento y cómo volvió a recibir menores.
También queda por determinar quiénes llevaron a los niños al lugar, bajo qué condiciones permanecían allí y qué conocimiento tenían sus familiares sobre las actividades desarrolladas en el centro.
Las denuncias continúan bajo investigación
La Policía ha informado que el caso es investigado por presunto maltrato infantil, explotación laboral y una eventual situación de trata de personas.
Corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para presentar imputaciones formales y establecer la responsabilidad individual de las personas vinculadas al establecimiento.
Mientras tanto, los menores permanecen bajo protección y son sometidos a evaluaciones para determinar su situación particular y las medidas necesarias para garantizar su bienestar.
Qué deberá explicar ahora el sistema de protección
Además de la investigación penal, el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguimiento aplicados después de que un establecimiento es intervenido por mantener menores sin autorización.
CONANI ha indicado que durante la primera intervención se devolvieron los niños a sus familias y se hizo seguimiento a esos hogares. Sin embargo, el hecho de que un año después las autoridades encontraran nuevamente menores en el mismo espacio obliga a revisar qué ocurrió durante ese período y si existieron fallas en los controles posteriores.
La nueva investigación deberá establecer qué sucedió dentro del centro, pero también qué ocurrió después de que el Estado tuvo conocimiento por primera vez de que allí permanecían menores.







