La seguridad ciudadana es una necesidad legítima de toda sociedad. Los dominicanos tienen derecho a vivir tranquilos, a sentirse protegidos y a exigir que quienes cometen delitos sean perseguidos y llevados ante los tribunales. Pero precisamente porque vivimos en un Estado de derecho, no podemos permitir que la lucha contra la delincuencia se convierta en una licencia para actuar fuera de la ley.
Una preocupación que no puede ser ignorada
Los hechos que han generado preocupación durante el pasado fin de semana han vuelto a encender un debate que no debe ser ignorado. Las imágenes difundidas en redes sociales han dejado en muchos ciudadanos la percepción de que algunos agentes están actuando más como ejecutores que como representantes de la ley.
Y ahí radica el verdadero peligro.
No se trata únicamente de determinar qué ocurrió en uno u otro caso. Se trata de preguntarnos qué sucede cuando una sociedad comienza a normalizar que las personas sean abatidas antes de ser arrestadas, investigadas y sometidas a la justicia.
Cuando la excepción amenaza convertirse en regla
Cada vez que se justifica una actuación al margen de la ley bajo el argumento de que la víctima era un delincuente, se abre una puerta peligrosa para los abusos.
Porque cuando se envía el mensaje de que todo vale en nombre de la seguridad, también se le está dando luz verde a quienes portan un arma y una placa para actuar sin los controles que exige la democracia.
Y cuando eso ocurre, los errores dejan de ser simples errores: se convierten en tragedias irreparables.
La lección que dejó Villa Altagracia
La historia reciente de nuestro país ofrece ejemplos dolorosos de por qué la ley debe prevalecer siempre sobre la fuerza.
El caso de los jóvenes de Villa Altagracia permanece en la memoria nacional como una advertencia de lo que puede ocurrir cuando agentes armados actúan basados en percepciones equivocadas. Aquellos jóvenes fueron acribillados y posteriormente se determinó que todo había sido un error.
Pero para ellos y sus familias ya no existía posibilidad de corregir nada.
Las vidas perdidas no podían recuperarse.
La diferencia entre justicia y venganza
Ese es precisamente el problema de las ejecuciones extrajudiciales o del uso arbitrario de la fuerza: no tienen marcha atrás.
Cuando una persona es arrestada injustamente, los tribunales pueden corregir la injusticia. Cuando una persona es condenada erróneamente, existen recursos para revisar la decisión.
Pero cuando una persona es asesinada, no hay apelación posible. No hay reparación capaz de devolver una vida.
Por eso la Policía Nacional no está llamada a impartir justicia. Está llamada a proteger, apresar e investigar.
Son los jueces quienes deben decidir la culpabilidad o inocencia de una persona.
Una policía fuerte es una policía que respeta la ley
Ese principio no existe para favorecer a los delincuentes; existe para proteger a toda la sociedad de los abusos y de los errores.
Una institución fuerte no es aquella que dispara primero.
Una institución fuerte es aquella que demuestra que puede enfrentar el crimen respetando la ley.
La autoridad moral de la Policía Nacional no proviene de las armas que porta, sino de la legitimidad con la que ejerce sus funciones.
Reflexión final
La República Dominicana necesita una policía firme contra la delincuencia, pero igualmente comprometida con el respeto a la vida, los derechos fundamentales y el debido proceso.
Combatir la delincuencia es una obligación del Estado. Pero combatirla dentro de la ley es una obligación aún mayor.
Ignorar posibles excesos, justificar actuaciones irregulares o normalizar las muertes ocurridas fuera del debido proceso no fortalece la seguridad; la pone en riesgo.
Hoy puede tratarse de una persona señalada como delincuente. Mañana podría ser un inocente, como ocurrió en Villa Altagracia.
Por eso la sociedad no puede renunciar a exigir investigaciones transparentes, rendición de cuentas y respeto absoluto a la ley.
La verdadera seguridad no se construye sobre el miedo ni sobre la arbitrariedad, sino sobre la justicia.
Acerca del autor
