Editorial.– En República Dominicana existe una factura eléctrica que llega todos los meses.
Pero para muchas familias hay otra que nunca llega impresa.
Es la factura del apagón.
Inversores, baterías, plantas eléctricas, combustible, reparaciones y servicios técnicos forman parte del costo adicional que asumen hogares y pequeños negocios cuando el suministro no ofrece la continuidad que necesitan.
El problema adquiere especial relevancia en momentos en que coinciden dos reclamos ciudadanos: interrupciones del servicio y facturas que algunos usuarios consideran excesivamente altas.
La discusión ya no está únicamente en las redes sociales. Hay datos de reclamaciones, explicaciones de las distribuidoras, cuestionamientos políticos y solicitudes de comparecencia en el Congreso.
Casi 30 mil reclamaciones eléctricas en seis meses
Las estadísticas oficiales de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) muestran la dimensión del conflicto entre usuarios y empresas distribuidoras.
Entre enero y marzo de 2026 fueron recibidas 14,791 reclamaciones. Entre abril y junio se sumaron 15,042. En total, el primer semestre cerró con 29,833 reclamaciones.
La cifra no significa que todas las quejas sean correctas ni que cada reclamación demuestre una irregularidad. Precisamente para eso existe un proceso de revisión.
Pero casi 30 mil casos formalizados en seis meses sí constituyen una señal que merece atención institucional.
Protecom reconoce entre los motivos de reclamación la facturación alta, cortes indebidos, falta de energía, problemas de tensión, errores de medición, facturación estimada y otros conflictos vinculados con el servicio.
Las EDE dicen que la tarifa no ha subido
También es necesario incorporar la explicación de las empresas distribuidoras.
Edeeste, Edenorte y Edesur han señalado que no se ha producido un aumento de la tarifa eléctrica y atribuyen parte de las facturas más altas al incremento del consumo provocado por las elevadas temperaturas del verano.
Según las EDE, un mayor uso de aires acondicionados, abanicos y equipos de refrigeración puede aumentar los kilovatios-hora consumidos e incluso llevar a determinados usuarios a un bloque tarifario superior.
Las distribuidoras informaron además que al 30 de julio de 2026 la demanda máxima alcanzó 4,330.80 megavatios, por encima del récord registrado en 2025.
Ese argumento debe ser considerado.
Pero también debe ser verificable caso por caso.
Cuando un ciudadano asegura que su consumo habitual no explica el monto recibido, lo correcto no es descalificar automáticamente la queja. Es revisar lectura, historial, tarifa, período facturado y funcionamiento del medidor.
El costo que no aparece en el recibo
La factura eléctrica mide la energía facturada por la distribuidora.
No mide todo lo que una familia puede tener que gastar cuando el servicio se interrumpe.
Cuando llega un apagón, la vida cotidiana no necesariamente puede detenerse.
La nevera debe continuar funcionando. Un comercio necesita mantener equipos encendidos. Quien trabaja desde su casa depende de internet, iluminación y computadoras. Una familia con personas vulnerables puede necesitar ventilación constante.
Entonces aparece una solución que el propio ciudadano financia: almacenar o producir por su cuenta la energía que necesita durante la interrupción.
Comprar un inversor.
Cambiar baterías.
Poner combustible a una planta.
Pagar un técnico.
Reparar equipos después de una avería que el usuario atribuye a variaciones de voltaje y que, si corresponde, deberá ser documentada y reclamada.
Individualmente parecen gastos separados. En conjunto constituyen un costo privado asociado a la falta de continuidad y calidad del suministro.
Usted paga cuando hay luz y también cuando no hay
Ese debería ser el centro de la discusión.
Una familia paga mensualmente por el servicio eléctrico.
Pero si además necesita destinar parte de sus ingresos a construir dentro de su casa un pequeño sistema alternativo para enfrentar interrupciones frecuentes, existe un segundo costo que rara vez forma parte del debate público.
No significa que cada apagón sea atribuible a una falla evitable de la distribuidora.
Un sistema eléctrico puede experimentar averías, mantenimientos programados, eventos atmosféricos y otras situaciones extraordinarias.
Pero cuando las interrupciones se vuelven suficientemente frecuentes como para que inversores, baterías o plantas formen parte habitual del presupuesto familiar, el problema deja de ser exclusivamente técnico y se convierte en económico y social.
La escena que resumió el problema
El viernes 4 de septiembre ocurrió una coincidencia que rápidamente llamó la atención pública.
Mientras la vicepresidenta Raquel Peña respondía preguntas de periodistas sobre las quejas relacionadas con las facturas eléctricas, se produjo una interrupción del servicio en el lugar donde se encontraba.
“Se fue la luz”, reaccionó la funcionaria.
La anécdota no demuestra por sí sola el estado general del sistema eléctrico.
Pero consiguió resumir visualmente una preocupación que muchos usuarios vienen expresando.
Peña reconoció que el tema debe revisarse y que hace falta más información y explicación para que la población comprenda cómo se forman los montos de sus facturas y cuál es el impacto sobre el presupuesto familiar.
El problema eléctrico también llegó al Congreso
La controversia ya trascendió las reclamaciones individuales.
El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana depositó tres proyectos de resolución para solicitar la interpelación de los administradores de Edesur, Edenorte y Edeeste.
Las iniciativas buscan que los funcionarios expliquen los apagones, los criterios utilizados para calcular las facturas y el manejo de los recursos destinados al sector.
Es una iniciativa de una bancada opositora y, como tal, forma parte de la confrontación política normal en una democracia.
Pero el fondo del asunto no debería reducirse a una pelea partidaria.
El sistema eléctrico dominicano necesita resultados medibles: menos interrupciones, redes más confiables, facturación comprensible, respuesta rápida a reclamaciones y transparencia sobre inversiones y pérdidas.
Si la factura parece incorrecta, existe un proceso para reclamar
Protecom establece que la primera reclamación debe presentarse ante la empresa distribuidora.
La distribuidora tiene un plazo de hasta 10 días laborables para responder por escrito.
Si el usuario no está conforme con la decisión, o si la empresa no responde dentro del plazo, puede acudir a Protecom como segunda instancia.
Entre los documentos requeridos figuran la constancia de la reclamación inicial, la decisión de la distribuidora cuando exista, la factura cuestionada y la identificación del titular.
Ese procedimiento importa porque la indignación pública no sustituye la revisión técnica de cada caso.
La pregunta que importa
El ciudadano no evalúa el sistema eléctrico mediante balances financieros ni discursos políticos.
Lo evalúa de una manera mucho más sencilla:
enciende el interruptor.
Y después mira cuánto tiene que pagar.
Si la electricidad está disponible de manera estable y la factura corresponde al consumo, existe confianza.
Cuando se combinan interrupciones frecuentes con la percepción de facturas elevadas, esa confianza comienza a deteriorarse.
Las autoridades y las empresas tienen la obligación de explicar con transparencia qué está ocurriendo, revisar las reclamaciones que correspondan y acelerar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio.
Porque existe una realidad económica imposible de ignorar:
cada peso que una familia destina a baterías, inversores, combustible o reparaciones es dinero que deja de utilizar en alimentos, educación, vivienda, ahorro o salud.
La electricidad no es un lujo.
Es infraestructura básica para la vida moderna y para la productividad de un país.
República Dominicana necesita resolver una contradicción que sus ciudadanos llevan demasiado tiempo financiando:
no podemos acostumbrarnos a pagar la luz cuando llega y volver a pagar cuando se va.
Fuentes consultadas
- Protecom, estadísticas oficiales de reclamaciones del primer y segundo trimestre de 2026.
- Protecom, procedimiento y motivos oficiales de reclamación.
- Edesur / EDE, comunicado conjunto sobre facturación, consumo estacional y demanda eléctrica.
- Acento, declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña y la interrupción ocurrida durante la actividad del 4 de septiembre.
- Diario Libre, iniciativas legislativas para interpelar a los administradores de las EDE.
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