El conflicto matrimonial entre la comunicadora Karen Yapoort y el exjugador de Grandes Ligas Edwin Encarnación ha dejado de ser únicamente un asunto sentimental para convertirse en uno de los temas más comentados de las redes sociales dominicanas.
Ambos han hablado públicamente sobre la situación que atraviesan y sobre un proceso de divorcio. Yapoort también ha desmentido versiones difundidas en redes sobre un supuesto tiroteo y ha pedido consideración hacia sus hijos.
Pero una cosa es informar sobre lo que ellos mismos han declarado y otra muy distinta es comenzar a llenar los espacios en blanco con especulaciones.
¿Hubo infidelidad?
¿Quién agredió a quién?
¿Existieron actos de violencia?
¿Ocurrió algún episodio distinto al que sus protagonistas han reconocido públicamente?
Las redes sociales han construido múltiples respuestas a preguntas que, hasta este momento, no necesariamente cuentan con respuestas comprobadas.
Y ahí comienza el problema.
No solamente desde el punto de vista ético.
También desde el jurídico.
Una cosa es opinar y otra imputar
En República Dominicana está vigente el nuevo Código Penal, contenido en la Ley 74-25 y posteriormente modificado por la Ley 44-26. En agosto, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó una versión unificada de ambas legislaciones.
Ese marco obliga a prestar especial atención a la manera en que hablamos de otras personas en los medios y en las redes sociales.
El artículo 208 define la difamación como la alusión o imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que afecte su honor, consideración, buen nombre, imagen, dignidad o integridad familiar. Tras la reforma de 2026, la sanción prevista es de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público, además de las medidas complementarias que correspondan.
Esto merece ser entendido.
Decir que las declaraciones de Edwin Encarnación generan interrogantes es una valoración.
Afirmar que Karen hizo esto, que Edwin hizo aquello, que hubo una infidelidad o que existió una agresión, sin contar con elementos suficientes para sostenerlo, supone algo distinto: atribuir un hecho concreto a una persona.
Y esa frontera puede tener consecuencias.
“Supuestamente” no resuelve todo
Existe la falsa percepción de que basta colocar delante de cualquier acusación las palabras “supuestamente”, “presuntamente” o “dicen que” para quedar automáticamente protegido.
No necesariamente.
La responsabilidad no depende exclusivamente de una palabra colocada antes de la afirmación, sino del contenido completo de lo que se comunica, de cómo se presenta y del fundamento que exista para sostenerlo.
Un creador de contenido debería preguntarse:
- ¿Estoy diciendo lo que ocurrió o estoy interpretando lo que creo que ocurrió?
- ¿Tengo una fuente?
- ¿Existe una declaración?
- ¿Hay una actuación oficial?
- ¿Estoy diferenciando claramente un rumor de un hecho comprobado?
Son preguntas elementales que muchas veces desaparecen cuando comienza la carrera por obtener visualizaciones.
Ser figura pública no elimina la intimidad
Karen Yapoort y Edwin Encarnación son personas ampliamente conocidas.
Eso aumenta el interés público alrededor de sus vidas, pero fama no significa ausencia de derechos.
Una persona pública continúa teniendo derecho al honor, la intimidad, la dignidad, el buen nombre y la vida familiar.
Existe una diferencia considerable entre informar que una pareja anunció un divorcio y pretender reconstruir los detalles íntimos de ese proceso sin que sus protagonistas los hayan hecho públicos.
Lo mismo ocurre con audios, imágenes, conversaciones o videos privados.
El artículo 192 del Código Penal, modificado por la Ley 44-26, sanciona bajo determinadas condiciones la difusión, publicación o puesta a disposición de terceros de audios, imágenes o videos obtenidos en un ámbito privado o bajo una expectativa razonable de confidencialidad, sin consentimiento de la persona afectada y sin que exista un interés público legítimo, cuando la conducta sea idónea para afectar gravemente su intimidad, dignidad o vida privada.
La misma disposición contempla sanciones más severas para determinados contenidos falsos o alterados mediante montajes cuando lesionen el honor, el buen nombre, la propia imagen o la reputación de una persona.
Es una advertencia particularmente importante en tiempos de capturas de pantalla, audios filtrados, videos editados e inteligencia artificial.
Recibir un contenido privado no significa automáticamente tener derecho a publicarlo.
El problema del negocio del rumor
No podemos ignorar tampoco una realidad.
El escándalo genera tráfico.
El rumor genera comentarios.
La controversia produce reproducciones.
Y en un ecosistema digital donde muchas plataformas monetizan precisamente esas reproducciones, existe un incentivo económico para ir un poco más lejos que los demás.
El primero pregunta.
El segundo insinúa.
El tercero afirma.
Y al final una versión nacida como simple especulación termina convertida en “verdad” porque miles de personas la repitieron.
Pero diez mil publicaciones repitiendo una información no comprobada no la convierten en un hecho.
La viralidad no sustituye la prueba.
Los medios debemos mirarnos también
Esta reflexión no debe dirigirse únicamente hacia influencers, youtubers o páginas de entretenimiento.
Los medios tradicionales y digitales también tenemos que asumirla.
Una portada puede ser atractiva sin ser irresponsable.
Un titular puede generar clics sin condenar anticipadamente a nadie.
Un comentario puede ser fuerte sin inventar acontecimientos.
Desde Diario El Caribeño defendemos firmemente la libertad de expresión, el derecho a informar y la libertad que tiene cada ciudadano para formular opiniones y críticas.
Pero esa defensa debe coexistir con algo igualmente importante: la responsabilidad.
El derecho a expresarnos no puede convertirse en patente de corso para destruir reputaciones.
Tampoco debe utilizarse la protección del honor como instrumento para impedir investigaciones legítimas, denuncias de interés público o críticas debidamente sustentadas.
De hecho, el artículo 211 del mismo Código protege determinadas opiniones y críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones contrarias al interés público, cuando estén sustentadas en elementos probatorios y precedidas de una verificación razonable.
Ese equilibrio es esencial.
Ni censura ni libertinaje
La República Dominicana debe cuidarse de ambos extremos.
Sería peligroso interpretar las normas sobre difamación de una manera que provoque autocensura en periodistas, comunicadores o ciudadanos.
Pero sería igualmente equivocado asumir que las redes sociales constituyen un territorio sin reglas donde cualquier persona puede atribuir a otra cualquier conducta simplemente porque el tema está de moda.
Libertad de expresión, sí.
Censura, no.
Pero responsabilidad también.
El caso Karen Yapoort y Edwin deja una advertencia
En este periódico desconocemos qué ocurrió realmente dentro de ese matrimonio más allá de lo que sus protagonistas han decidido hacer público.
Y precisamente por desconocerlo no nos corresponde inventarlo.
Ese debería ser también el principio de cualquier comunicador responsable.
Podemos analizar las declaraciones.
Podemos formular preguntas.
Podemos debatir el manejo público que ambos han dado a su situación.
Podemos incluso cuestionarlos.
Pero convertir una interpretación en una afirmación categórica es otra cosa.
El caso de Karen Yapoort y Edwin Encarnación terminará eventualmente siendo una página más dentro de la interminable agenda de las redes sociales.
La enseñanza, sin embargo, debería permanecer.
Hoy son ellos.
Mañana puede ser cualquier ciudadano cuya reputación quede destruida por una historia que alguien decidió completar con imaginación.
Por eso, antes de publicar, compartir o sentenciar desde un teléfono celular, convendría recordar algo elemental:
opinar es un derecho; inventar hechos sobre otra persona puede tener consecuencias.
Y en el nuevo escenario jurídico dominicano, esa diferencia no debería tomarse a la ligera.
Editorial Diario El Caribeño
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