El debate en el Congreso Nacional sobre la creación de nuevos municipios, provincias y distritos municipales en la República Dominicana ha vuelto a encenderse durante este mes de octubre de 2026. Para el ciudadano de a pie, que madruga diariamente para ganarse el sustento con el sudor de su frente, este tema puede parecer un asunto lejano de papeleo político. Sin embargo, la realidad es que esta fragmentación afecta directamente el dinero que pagamos en impuestos y la calidad de los servicios que recibimos en nuestros barrios.
Existe la falsa creencia de que, si una pequeña comunidad se eleva a la categoría de municipio, recibirá mágicamente más recursos y atención del Estado. Quienes defienden estas propuestas argumentan que tener un alcalde propio o un grupo de regidores más cercano permite resolver con mayor rapidez la recogida de basura, el arreglo de las calles y la asistencia social local, amparándose en las disposiciones de la Ley núm. 176-07. No obstante, el rigor del análisis de la administración pública demuestra que, por el contrario, las desventajas de seguir fragmentando el mapa nacional constituyen una trampa económica que termina por asfixiar el presupuesto de las familias dominicanas.
La trampa radica en que crear un nuevo municipio no multiplica el dinero del país, sino que divide el mismo presupuesto entre más administraciones, obligando a destinar millones de pesos al gasto público para sostener nuevas nóminas, construir palacios municipales y comprar vehículos oficiales que duplican funciones ya existentes en demarcaciones vecinas.
Los documentos presupuestarios oficiales advierten sobre la escasa capacidad recaudatoria de muchos gobiernos locales y su dependencia significativa de las transferencias del Gobierno central. Esa realidad exige preguntarse si multiplicar estructuras administrativas resolverá las necesidades de las comunidades o restará recursos a la inversión en servicios públicos.
Para frenar este populismo legislativo, que solo beneficia a los políticos que buscan nuevos cargos, el país ya dispone de reglas que todo ciudadano debe conocer y utilizar para exigir cuentas. La Ley núm. 176-07 establece, en sus artículos 27 y 30, requisitos de población, infraestructura e ingresos, además de un estudio previo de factibilidad que debe realizar el Congreso Nacional, una de sus cámaras o quien este delegue.
Por su parte, la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos aporta un marco para planificar el territorio con criterios técnicos. Desde la aprobación de la Ley núm. 45-25, las competencias de ordenamiento territorial antes ejercidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo corresponden al Ministerio de la Presidencia.
Por consiguiente, el valor de este marco legal consiste en empoderar al lector para que comprenda que el verdadero desarrollo de nuestras comunidades no se logra multiplicando autoridades ni dividiendo el territorio en pedazos, sino aplicando con rigor las reglas que ya existen.
Cuando un político le prometa que elevar su sección a municipio es la solución a sus problemas de agua, luz o asfalto, la ciudadanía debe responder con la ley en la mano, recordando que fragmentar la geografía nacional puede ensanchar la burocracia estatal y diluir la inversión pública real que debería destinarse a escuelas, hospitales e infraestructuras críticas.
El fortalecimiento de una cultura democrática e inclusiva en la región del Caribe demanda que el ordenamiento de nuestro suelo se maneje con base en la evidencia y los datos técnicos, y no en promesas coyunturales, garantizando que el sacrificio de los contribuyentes se traduzca de forma transparente en bienestar real, previsibilidad jurídica y un alivio sostenible para el hogar de cada dominicano.
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