Migración, hospitales y el difícil equilibrio entre humanidad y responsabilidad
En República Dominicana se ha vuelto cada vez más frecuente que cualquier intento de aplicar la legislación migratoria sea presentado automáticamente como un acto de insensibilidad o falta de humanidad. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre una realidad fundamental: ningún Estado puede sostenerse si sus leyes existen únicamente para ser ignoradas.
Las recientes declaraciones de organizaciones y activistas que exigen la retirada de los agentes migratorios de los hospitales parten de una preocupación humana legítima. Nadie desea ver a una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, ni mucho menos que se comprometa la salud de un recién nacido. Pero la discusión no puede limitarse únicamente a la emoción. También debe incluir la responsabilidad que tiene el Estado de hacer cumplir las normas que regulan la entrada, permanencia y regularización de extranjeros en el territorio nacional.
Durante años, República Dominicana ha enfrentado una presión creciente sobre su sistema de salud pública. Los hospitales, sostenidos con los recursos aportados por los contribuyentes dominicanos, han asumido una demanda cada vez mayor derivada de la atención a personas en condición migratoria irregular. Esta no es una percepción política ni una consigna ideológica; es una realidad que ha sido documentada por estadísticas oficiales y que impacta directamente la capacidad operativa y financiera del sistema sanitario.
Lo preocupante es que algunos sectores parecen sugerir que la solución consiste en eliminar los controles precisamente en los espacios donde una parte importante de esta situación se ha hecho visible. En otras palabras, se plantea que el Estado deje de ejercer una función que le corresponde para evitar controversias o incomodidades.
Pero un Estado que renuncia a aplicar sus propias normas deja de gobernar y corre el riesgo de convertirse en un simple observador de los problemas que está llamado a administrar.
La verdadera pregunta no es si debe existir humanidad. La humanidad debe estar presente siempre. La verdadera discusión es si la sensibilidad humana puede convertirse en una razón para suspender la aplicación de la ley.
Resulta llamativo que quienes exigen la eliminación de estos controles rara vez hablen de la presión presupuestaria que enfrenta el sistema de salud, de las limitaciones de infraestructura hospitalaria o de las necesidades de miles de dominicanos que también dependen de esos servicios. Parecería que una parte importante de la discusión se centra en una sola dimensión del problema, dejando fuera otros elementos igualmente relevantes.
Todo país soberano tiene el derecho —y la obligación— de saber quién entra a su territorio, quién permanece en él y bajo qué condiciones lo hace. Esa facultad forma parte esencial de la soberanía nacional y no desaparece porque una persona cruce la puerta de un hospital.
Por supuesto, cualquier procedimiento debe ejecutarse respetando la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas. La aplicación de la ley nunca debe confundirse con abuso, arbitrariedad o maltrato. Pero tampoco puede asumirse que hacer cumplir una norma es, por definición, un acto de injusticia.
La defensa de la ley no es incompatible con la compasión. Una sociedad madura debe ser capaz de combinar ambas cosas. Puede actuar con sensibilidad frente a situaciones humanas complejas y, al mismo tiempo, mantener el respeto por las reglas que garantizan el funcionamiento del Estado.
República Dominicana tiene derecho a ordenar su política migratoria. Tiene derecho a proteger la sostenibilidad de sus servicios públicos. Y tiene derecho a exigir que sus leyes sean respetadas.
Porque tan importante como la solidaridad es la responsabilidad. Y tan importante como la humanidad es la existencia de normas que permitan la convivencia, el orden y la sostenibilidad de las instituciones.
La discusión, en realidad, no debería centrarse en si la ley se aplica o no. La discusión debería enfocarse en cómo se aplica: con respeto, con equilibrio y con apego a los principios democráticos.
Porque cuando un país deja de hacer cumplir sus propias normas, tarde o temprano termina pagando un precio mucho más alto que cualquier polémica pasajera.
Diario El Caribeño – Editorial
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