Editorial | Diario El Caribeño
La presencia de municiones con marcas vinculadas a instituciones dominicanas entre materiales recuperados de pandillas haitianas obliga a revisar los controles internos. Defender la soberanía también significa impedir que los recursos destinados a protegernos terminen alimentando la violencia.
República Dominicana lleva años mirando con preocupación hacia Haití. Y tiene razones para hacerlo.
La expansión de las pandillas, el deterioro de las instituciones haitianas y la violencia que golpea a su población representan un desafío para la estabilidad regional y la seguridad de nuestro territorio.
Por eso el Estado dominicano ha reforzado la vigilancia fronteriza, aumentado los controles y destinado recursos importantes a proteger la soberanía nacional.
Pero las informaciones debatidas públicamente este 8 de octubre, tras los informes de un grupo de expertos de Naciones Unidas y la respuesta del Ministerio de Defensa, obligan a formular una pregunta que no podemos ignorar:
¿De qué sirve fortalecer la frontera si no tenemos garantías suficientes sobre el destino de las municiones sometidas a control estatal?
El informe provisional S/2026/241 del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Haití documentó una muestra de 89 cartuchos de calibre 5.56 milímetros recuperados de la pandilla 400 Mawozo en 2025. De ellos, 25 tenían la marca «ERD», correspondiente al Ejército de República Dominicana, y habían sido fabricados en 2022. Otros 16 presentaban marcas compatibles con municiones desviadas de inventarios de la Policía Nacional dominicana, un asunto investigado previamente por el organismo.
El informe final S/2026/714, de septiembre, amplió la documentación sobre municiones marcadas «ERD». Según los expertos, autoridades colombianas confirmaron que algunas correspondían a contratos de 2022 con el Ejército y el Ministerio de Defensa dominicanos.
Estos hallazgos no demuestran, por sí solos, que las Fuerzas Armadas dominicanas hayan suministrado deliberadamente municiones a las pandillas. Tampoco establecen la responsabilidad individual por cada desvío ni reconstruyen todas las rutas utilizadas.
Pero sí plantean interrogantes que merecen respuestas verificables.
La soberanía también se defiende desde adentro
La seguridad nacional no comienza ni termina en una verja fronteriza.
También depende de la integridad de las instituciones, la confiabilidad de sus inventarios y la capacidad de detectar cualquier movimiento irregular de armas y municiones.
Cada cartucho adquirido, almacenado o distribuido bajo responsabilidad estatal debe contar con registros que permitan conocer su destino.
No se trata de un simple procedimiento administrativo. Se trata de seguridad nacional.
El antecedente de la Policía Nacional refuerza la necesidad de controles rigurosos. El anexo 18 del informe final de Naciones Unidas recoge que una revisión de inventarios realizada a raíz de investigaciones iniciadas en 2024 detectó el desvío de 908,001 artículos, principalmente municiones, de depósitos policiales dominicanos.
Es fundamental precisar que esa cifra no equivale a la cantidad de municiones trasladadas a Haití: el propio grupo de expertos advierte que no puede determinar con exactitud cuánto material terminó en territorio haitiano.
Aun con esa salvedad, la magnitud del faltante documentado exige fortalecer los sistemas de trazabilidad, supervisión y rendición de cuentas.
Porque cuando una munición sale de los controles establecidos, surge el riesgo de que termine en circuitos ilegales capaces de poner vidas en peligro. Y cuando existen indicios de posibles desvíos, el deber del Estado es investigar, identificar responsabilidades y cerrar las brechas que los hicieron posibles.
No basta con negar: hay que demostrar
El Ministerio de Defensa informó el 8 de octubre de 2026 que ha respondido, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a requerimientos del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre adquisición, distribución y control de municiones.
La institución explicó que continúa investigando la procedencia de municiones calibre .50 de fabricación antigua halladas en Haití. Este material debe distinguirse de los cartuchos más recientes marcados «ERD»: según la ONU, parte de las municiones calibre .50 fue fabricada en República Dominicana durante la década de 1950 y su cadena de custodia continúa sin esclarecerse.
Defensa también recordó que, en diciembre de 2025, miembros del Ejército detuvieron a un segundo teniente y a un ciudadano haitiano cuando transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de distintos calibres en una motocicleta en La Tinaja, provincia San Juan. Según el ministerio, el oficial permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Corresponde reconocer las actuaciones de las autoridades cuando detectan hechos de esta naturaleza, sin presentar ese arresto como prueba de que los cartuchos incautados fueran los mismos recuperados de 400 Mawozo. Esa relación no ha sido establecida públicamente.
Sin embargo, también es necesario saber a qué unidades se asignaron los lotes de fabricación reciente identificados por los expertos, qué verificaciones se han realizado y si las investigaciones han detectado vulnerabilidades adicionales.
La respuesta institucional no debe limitarse a defender su reputación. Debe demostrar que los mecanismos de control funcionan y que las irregularidades son investigadas hasta sus últimas consecuencias.
La transparencia, lejos de debilitar a las Fuerzas Armadas, fortalece su credibilidad.
La responsabilidad no puede diluirse
Sería injusto responsabilizar colectivamente a miles de militares y policías que cumplen sus funciones con disciplina y compromiso.
Las instituciones no deben ser condenadas por sospechas ni por las posibles actuaciones individuales de algunos de sus integrantes. Pero ese principio tampoco puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades.
Si una investigación determina que hubo negligencia, debe corregirse. Si establece complicidad, debe perseguirse judicialmente. Y si confirma que determinadas municiones llegaron a Haití por vías ajenas a los depósitos oficiales, corresponde explicar cómo se verificó esa conclusión.
La ciudadanía no necesita culpables fabricados. Necesita resultados.
Una amenaza que exige cooperación y firmeza
Las pandillas haitianas han convertido extensas zonas de su país en escenarios de terror. La población civil es la principal víctima de esa violencia.
República Dominicana no puede resolver por sí sola la crisis haitiana, pero sí tiene la obligación de proteger su territorio e impedir que las redes de tráfico ilícito utilicen nuestras fronteras o instituciones.
Eso exige inteligencia, cooperación internacional, investigaciones judiciales y controles internos cada vez más rigurosos.
No basta con decomisar armas y municiones. Hay que identificar las rutas de abastecimiento, los intermediarios y los posibles responsables de facilitar su circulación ilegal.
El país merece respuestas
Este caso no debe convertirse en una confrontación partidaria ni en una campaña de descrédito contra nuestras instituciones armadas.
Debe convertirse en una oportunidad para fortalecerlas.
Porque la confianza en el Estado no se construye exigiendo silencio ante las preguntas incómodas. Se construye respondiéndolas.
República Dominicana necesita saber qué se ha podido establecer sobre la procedencia de esas municiones, qué investigaciones continúan abiertas y qué medidas concretas se están aplicando para impedir posibles desvíos.
La defensa de la soberanía requiere soldados vigilando la frontera. Pero también requiere funcionarios vigilando los inventarios, superiores supervisando los procedimientos y autoridades judiciales investigando cualquier irregularidad.
No podemos permitir que los instrumentos destinados a garantizar nuestra seguridad se conviertan, por negligencia o complicidad de alguien, en recursos al servicio del crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas dominicanas merecen respeto.
La ciudadanía merece transparencia.
Y la seguridad nacional exige ambas cosas.
Porque defender la patria no es solamente vigilar quién cruza la frontera. Es también garantizar que nada destinado a protegerla termine fortaleciendo a quienes amenazan la paz.
Diario El Caribeño — Tu isla, tu verdad.
Acerca del autor
