Editorial
Hay preguntas que incomodan porque obligan a una sociedad a mirarse en el espejo. Esta es una de ellas.
¿Se ha convertido en un peligro ser mujer y ser niña en República Dominicana?
La sola necesidad de formular esta pregunta debería preocuparnos profundamente.
Cada vez que una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Cada vez que una niña es víctima de abuso sexual. Cada vez que una madre acude desesperada a las autoridades buscando protección para sus hijos y encuentra indiferencia, lentitud o falta de respuesta, el país recibe una señal de alarma que no puede seguir ignorando.
Los casos recientes que han sacudido la opinión pública vuelven a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: muchas víctimas siguen sintiéndose solas frente al peligro.
Cuando una mujer teme denunciar porque duda de que el sistema pueda protegerla; cuando una niña es violentada dentro del espacio que debería ser más seguro para ella; cuando una familia recorre instituciones buscando ayuda y encuentra obstáculos burocráticos en lugar de soluciones, estamos frente a algo más profundo que un hecho aislado. Estamos frente a una falla institucional y social.
El problema no es solamente la existencia de agresores. Siempre existirán personas dispuestas a violar la ley y causar daño.
La verdadera diferencia entre una sociedad segura y una sociedad vulnerable radica en la capacidad que tienen sus instituciones para actuar antes de que ocurra una tragedia.
Resulta imposible no preguntarse qué siente una madre cuando denuncia una situación de abuso y la respuesta no llega con la rapidez necesaria. Resulta inevitable cuestionarse qué mensaje reciben nuestras niñas cuando observan que, en ocasiones, quienes debían protegerlas reaccionan tarde o simplemente no reaccionan.
Cada denuncia que no recibe seguimiento oportuno. Cada expediente que permanece detenido. Cada orden que tarda en ejecutarse. Cada acción que se posterga representa mucho más que un procedimiento administrativo.
Detrás de cada documento hay una persona que vive con miedo.
Detrás de cada denuncia hay una vida que puede depender de una respuesta rápida.
Y quizás lo más preocupante es que estamos comenzando a acostumbrarnos.
Nos hemos habituado a escuchar noticias sobre feminicidios, abusos sexuales y violencia intrafamiliar con una frecuencia que debería generar mucha más indignación de la que hoy provoca.
Una sociedad que no protege adecuadamente a sus mujeres y a sus niñas está fallando en uno de sus deberes más esenciales.
Porque la seguridad no se mide únicamente por estadísticas, discursos o conferencias de prensa.
La seguridad se mide por la tranquilidad de una mujer que sabe que puede denunciar y será escuchada.
Se mide por la confianza de una madre que sabe que sus hijos estarán protegidos.
Se mide por la certeza de una niña de que los adultos, las leyes y las instituciones actuarán para defenderla cuando más lo necesite.
La pregunta que debemos hacernos no es solamente qué está fallando.
La pregunta es más profunda.
¿En qué momento dejamos de sentir urgencia frente al sufrimiento de quienes más necesitan protección?
Porque mientras las respuestas sigan llegando tarde, mientras la burocracia avance más rápido que la protección y mientras las víctimas continúen esperando ayuda, seguirá creciendo una percepción peligrosa para cualquier democracia: la sensación de que ser mujer y ser niña puede convertirse en un riesgo.
Y cuando una sociedad permite que esa percepción se instale en la conciencia colectiva, tiene la obligación moral de revisarse a sí misma.
Con honestidad.
Con responsabilidad.
Y, sobre todo, con urgencia.
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