Un caso que volvió a dividir a la sociedad dominicana
El caso de Wander Franco ha dejado uno de los debates más delicados y sensibles que ha enfrentado recientemente la justicia dominicana. Y no únicamente por tratarse de una figura pública internacional, sino por el mensaje institucional y social que deja una sentencia que hoy divide profundamente a la opinión pública nacional.
Jurídicamente, el tribunal actuó sustentado en facultades que existen dentro del ordenamiento penal dominicano. La figura del perdón judicial permite, bajo determinadas circunstancias excepcionales, que un juez pueda abstenerse de imponer una pena privativa de libertad aun existiendo responsabilidad penal reconocida.
En este caso, los jueces entendieron que existían elementos atenuantes vinculados a manipulación económica, extorsión y circunstancias poco usuales dentro del proceso.
La diferencia entre legalidad y percepción de justicia
Desde el punto de vista estrictamente técnico, la decisión puede encontrar respaldo dentro del marco legal y en el principio de individualización de la pena, mediante el cual cada caso debe analizarse conforme a sus circunstancias particulares y no únicamente desde la presión social o mediática.
Sin embargo, el verdadero problema comienza cuando la legalidad de una decisión entra en conflicto con la percepción de justicia de una sociedad.
Porque mientras la madre de la menor fue condenada a diez años de prisión bajo acusaciones relacionadas con explotación, abuso psicológico y lavado de activos, Wander Franco fue declarado penalmente responsable y aun así beneficiado con perdón judicial.
Y esa enorme distancia entre ambas consecuencias es precisamente lo que hoy provoca desconcierto nacional.
El choque entre justicia legal y justicia social
La sociedad dominicana no discute únicamente si el tribunal podía aplicar el perdón judicial. La pregunta más profunda es si debía hacerlo en un caso donde había una menor de edad involucrada y donde el propio tribunal reconoció responsabilidad penal.
Ahí nace el choque entre la justicia legal y la justicia social.
Y es precisamente ahí donde este caso deja un mensaje extremadamente delicado para el país. Porque aunque el tribunal haya actuado dentro de sus facultades legales, gran parte de la ciudadanía siente que el sistema fue más severo con quien tenía menos poder y más comprensivo con quien posee fama, dinero e influencia internacional.
Ese sentimiento —correcto o no— erosiona la confianza pública.
La justicia también necesita credibilidad social
La justicia no solo necesita ser legal. También necesita ser comprendida, creíble y proporcional ante los ojos de la sociedad.
Especialmente en casos que involucran menores de edad, donde el Estado tiene una obligación reforzada de protección bajo la Constitución y los tratados internacionales suscritos por República Dominicana.
Y ahí surge la preocupación más seria de todas: el temor de que decisiones como esta debiliten el mensaje de protección hacia la niñez y adolescencia.
Porque cuando un caso de tan alto impacto termina generando más dudas que certezas, el debate deja de ser deportivo o mediático. Se convierte en un debate sobre igualdad ante la ley, legitimidad institucional y confianza en el sistema judicial dominicano.
Tal vez el tiempo, las apelaciones y las motivaciones completas del tribunal permitan entender mejor el alcance jurídico de esta decisión.
Pero socialmente, el caso Wander Franco ya dejó una herida abierta: la percepción de que en República Dominicana la balanza de la justicia todavía puede sentirse distinta dependiendo del poder, el dinero o la notoriedad del acusado.
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