Santo Domingo.– Uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor dimensión de los últimos años entra este miércoles 19 de agosto de 2026 en una etapa decisiva con el inicio del juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros 34 acusados vinculados al denominado caso Calamar.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que deberá conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas antes de determinar la responsabilidad individual de cada procesado.
Donald Guerrero entre los principales acusados
Además de Guerrero, enfrentarán el juicio el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirillo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes.
También figuran Princesa Alexandra García Medina, quien se desempeñó como coordinadora técnico-administrativa del Ministerio de Hacienda, así como Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y otros procesados incluidos en el auto de apertura a juicio.
En total, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a 35 de los 40 acusados incluidos en esa etapa del proceso.
Tres juezas conocerán el expediente
El Tercer Tribunal Colegiado estará integrado por las magistradas Arlín Ventura, quien lo preside, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.
Con el inicio del juicio comienza la fase en la que el Ministerio Público deberá presentar y sustentar las pruebas admitidas contra los acusados, mientras las defensas podrán controvertirlas, presentar sus medios de defensa y cuestionar la tesis de la acusación.
¿De qué acusa el Ministerio Público al grupo?
El Ministerio Público sostiene que durante varios años habría operado una estructura que utilizó recursos públicos para realizar pagos irregulares a particulares, especialmente vinculados a terrenos declarados de utilidad pública, y que parte de esos fondos habría sido destinada a actividades políticas.
Entre las infracciones atribuidas al grupo figuran asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación de documentos públicos, además de otros delitos relacionados con sobornos, lavado de activos y presuntas operaciones ilícitas descritas en la acusación.
Estas imputaciones corresponden a la tesis del órgano acusador y no constituyen una declaración de culpabilidad. Corresponderá al tribunal decidir qué hechos han sido demostrados mediante pruebas suficientes y admisibles.
Las expropiaciones están en el centro del expediente
Uno de los principales componentes del caso está relacionado con pagos realizados por propiedades declaradas de utilidad pública.
Según la acusación, se habrían ejecutado libramientos y desembolsos de manera irregular, provocando un perjuicio multimillonario al Estado dominicano.
El Ministerio Público también ha sostenido que dentro del esquema se produjeron pagos indebidos a contratistas y presuntas extorsiones a propietarios de bancas de apuestas.
Las defensas han rechazado las imputaciones durante las diferentes etapas del proceso y ahora tendrán la oportunidad de discutirlas directamente durante el juicio de fondo.
Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no están en este juicio
El proceso que inicia este miércoles no incluye a todos los exfuncionarios que originalmente aparecieron en el expediente.
El pasado 29 de mayo, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
También fueron favorecidos con no ha lugar Daniel Alberto Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias Ruiz.
Apelaciones contra los no ha lugar siguen pendientes
El Ministerio Público recurrió las decisiones que favorecieron a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
Hasta la madrugada de este miércoles, todavía no se había apoderado una sala de la Corte de Apelación ni fijado una fecha para conocer esos recursos.
Esto mantiene actualmente dos vías judiciales relacionadas con el expediente: el juicio de fondo contra los 35 procesados y las apelaciones dirigidas contra parte de los no ha lugar.
El caso entra finalmente a la fase de pruebas
Durante años, buena parte de la atención sobre Calamar estuvo concentrada en arrestos, medidas de coerción, audiencias preliminares, incidentes procesales y discusiones sobre la admisibilidad de la acusación.
El inicio del juicio cambia el centro del proceso. A partir de ahora serán determinantes las pruebas admitidas, los testimonios, los documentos, las objeciones de las partes y la valoración que finalmente realicen las juezas.
No existe una responsabilidad colectiva automática. Cada acusado deberá ser juzgado de acuerdo con las pruebas relacionadas específicamente con su presunta participación.
Un juicio de alto interés público y político
El expediente tiene una dimensión política debido a que varios de los procesados ocuparon posiciones relevantes durante administraciones anteriores.
Donald Guerrero fue ministro de Hacienda, mientras otros acusados dirigieron instituciones relacionadas directamente con la administración de bienes, propiedades y recursos públicos.
Por esa razón, el proceso estará bajo un fuerte escrutinio público, tanto por la magnitud de las acusaciones como por la obligación de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
La etapa de sentencia todavía está lejos
El inicio del juicio no significa que exista una decisión inmediata.
Por el número de acusados, pruebas, testigos y alegatos involucrados, el conocimiento del expediente podría extenderse durante numerosas audiencias.
Solo después de agotada esa fase el tribunal estará en condiciones de decidir cuáles acusaciones fueron demostradas y cuáles no.
Calamar entra en su etapa decisiva
Después de años de investigación y litigios preliminares, el caso Calamar llega al escenario en el que las acusaciones deberán confrontarse directamente con las pruebas.
El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de demostrar ante las juezas los hechos que atribuye a Donald Guerrero y los demás procesados. Las defensas, por su parte, buscarán demostrar por qué consideran que sus representados deben ser absueltos.
La audiencia de este miércoles marca así un momento fundamental: el expediente deja atrás la discusión sobre quién debe ser enviado a juicio y comienza la etapa destinada a determinar si existe o no responsabilidad penal de cada acusado.
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