Por la Redacción de Diario El Caribeño
La promulgación de un nuevo Código Penal representa uno de los actos legislativos más trascendentales para cualquier Estado democrático. No se trata de una ley ordinaria, sino del instrumento que define cuáles conductas constituyen delitos, qué sanciones corresponden y cuáles bienes jurídicos merecen la máxima protección del Estado. Por ello, un Código Penal debe transmitir estabilidad, seguridad jurídica y confianza.
Resulta preocupante que, apenas promulgada la nueva legislación y todavía dentro del período de vacatio legis, ya existan iniciativas orientadas a reabrir el debate sobre aspectos esenciales de su contenido. Independientemente de la posición que cada ciudadano tenga respecto a las tres causales, la libertad de expresión, el ejercicio médico u otros temas controvertidos, el país necesita enviar una señal de madurez institucional: las leyes no pueden convertirse en textos sujetos a modificaciones permanentes por la presión del momento.
El debate debe producirse antes de aprobar las leyes
El Congreso Nacional es el escenario legítimo para debatir todas las posiciones y escuchar a los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, ese proceso debe agotarse antes de la aprobación definitiva de una ley y no convertirse en una práctica recurrente que genere incertidumbre sobre normas recién promulgadas.
Cuando una legislación comienza a ser cuestionada inmediatamente después de su aprobación, se debilita la confianza en el proceso legislativo y se transmite la percepción de que ninguna decisión adoptada por el Congreso tiene verdadero carácter definitivo.
Reformar sí, improvisar no
Ninguna legislación es perfecta. Toda norma puede ser objeto de reformas cuando la experiencia demuestre vacíos, contradicciones, conflictos de interpretación o consecuencias que no pudieron preverse durante su discusión.
Pero existe una diferencia fundamental entre perfeccionar una ley después de su aplicación práctica y reabrir un debate político apenas días después de haber concluido un proceso legislativo que tomó décadas de discusión y múltiples intentos de aprobación.
Las reformas deben responder a razones jurídicas sólidas y al interés general, no a la presión coyuntural de grupos que mantienen diferencias con el texto finalmente aprobado.
La seguridad jurídica también protege derechos
La República Dominicana necesita fortalecer una cultura de diálogo previo, no una cultura de revisión permanente de las leyes.
Si cada sector que no obtuvo el resultado esperado decide impulsar una nueva discusión inmediatamente después de promulgada una norma, el país corre el riesgo de convertir la producción legislativa en un proceso interminable.
La seguridad jurídica constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho. Ciudadanos, jueces, fiscales, abogados, médicos, empresarios e inversionistas necesitan reglas claras, previsibles y estables para desarrollar sus actividades con confianza.
La estabilidad fortalece la institucionalidad
La confianza en las instituciones no se construye únicamente aprobando leyes. También depende de la capacidad del Estado para garantizar que esas normas permanezcan vigentes mientras no existan razones objetivas y suficientemente justificadas para modificarlas.
Las diferencias de criterio son legítimas y enriquecen la democracia. Lo que debilita la institucionalidad es la percepción de que cualquier ley puede entrar en revisión apenas es promulgada porque determinados sectores no quedaron conformes con el resultado del debate legislativo.
La democracia exige participación y deliberación, pero también respeto por las decisiones adoptadas conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución.
La estabilidad de las leyes también fortalece la democracia
Un Código Penal puede y debe reformarse cuando las circunstancias jurídicas, sociales o constitucionales así lo exijan. Esa posibilidad forma parte del dinamismo propio del derecho.
Lo que no debería ocurrir es que una legislación llamada a brindar certeza y estabilidad termine convirtiéndose en un texto susceptible de ser reescrito cada semana.
Porque la estabilidad de las leyes no solo fortalece la seguridad jurídica. También protege la libertad, consolida la justicia y refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
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