Hay decisiones de gobierno que producen titulares durante unos días y otras que, por su trascendencia, pueden terminar definiendo la manera en que un Estado administra y defiende su patrimonio.
La decisión del Tribunal Superior Administrativo de poner fin a los contratos de concesión minera de Falcondo, después de casi siete décadas, pertenece a esta segunda categoría.
Conviene comenzar estableciendo algo con absoluta claridad: no fue el presidente Luis Abinader quien canceló mediante decreto la concesión de Falcondo. Fue un tribunal que tomó la decisión después de conocer una acción presentada por el Estado dominicano.
Pero tampoco puede ignorarse el otro lado de la historia.
Fue durante la administración del presidente Luis Abinader cuando el Estado decidió llevar este viejo contrato ante la justicia y reclamar su terminación.
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, actuando en representación del Estado, presentó el 22 de julio de 2025 la demanda mediante la cual solicitó la rescisión de una relación contractual cuyos orígenes se remontan a 1956.
Eso tiene un significado institucional y también político.
Durante demasiado tiempo en República Dominicana se instaló la percepción de que determinados contratos, concesiones y privilegios otorgados por el Estado podían convertirse prácticamente en derechos eternos.
El caso Falcondo demuestra que no necesariamente tiene que ser así.
Una concesión no significa entregar el país
El Estado puede permitir que capitales privados exploten recursos naturales. Necesitamos inversión, tecnología, empleos y actividad productiva.
Pero una concesión no significa entregar para siempre una parte del patrimonio nacional.
Significa conceder derechos bajo determinadas obligaciones.
Y cuando esas obligaciones dejan de cumplirse, corresponde al Estado defender el interés colectivo.
El TSA consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación, obligaciones económicas y laborales y la presentación de información técnica. También tomó en consideración que las operaciones productivas de Quisqueya I estaban paralizadas desde noviembre de 2023 y que faltaban informes correspondientes a varios períodos.
La concesión comprende aproximadamente 22,392 hectáreas entre Monseñor Nouel y La Vega. No estamos hablando, por tanto, de un asunto menor. Estamos hablando de recursos minerales pertenecientes a la Nación y de una zona que durante décadas estuvo estrechamente vinculada económica y socialmente a la actividad minera.
El mérito del Gobierno está en haber actuado
Aquí es donde debe reconocerse una decisión de la administración de Luis Abinader.
Ante una empresa con operaciones paralizadas y una relación contractual seriamente cuestionada, el Gobierno pudo simplemente dejar pasar el tiempo.
No lo hizo.
El Estado acudió a los tribunales.
Y esto es importante porque establece una diferencia fundamental entre ejercer autoridad y ejercer arbitrariedad.
No se tomó la concesión por la fuerza.
No se produjo una expropiación administrativa improvisada.
No fue una decisión adoptada desde el Palacio Nacional sustituyendo a los tribunales.
El Gobierno reclamó, presentó sus argumentos y dejó que la justicia decidiera.
Eso fortalece precisamente la seguridad jurídica que República Dominicana necesita proyectar.
Porque seguridad jurídica no significa únicamente proteger al inversionista frente al Estado.
También significa proteger al Estado frente al incumplimiento de quien contrata con él.
Abinader y una señal de institucionalidad
En política muchas veces se mide la fortaleza de un gobierno por las obras que inaugura, los kilómetros de carretera que construye o los programas sociales que ejecuta.
Pero fortalecer el Estado también consiste en algo menos visible: hacer valer sus derechos.
En ese terreno, el caso Falcondo puede convertirse en un precedente relevante de la gestión de Luis Abinader.
El propio proceso alrededor de Falcondo venía siendo atendido por instituciones estatales antes de la sentencia. FONPER participó en las actuaciones relacionadas con la situación financiera y jurídica de la empresa, mientras el Gobierno planteaba la necesidad de aclarar las obligaciones pendientes antes de cualquier eventual reinicio de operaciones.
Eso habla de continuidad institucional.
Ahora viene la verdadera prueba
Sin embargo, reconocer lo positivo de esta actuación gubernamental no significa entregar un cheque en blanco.
La sentencia no puede ser el final.
Ahora el Gobierno tiene una responsabilidad todavía mayor.
¿Qué ocurrirá con esos recursos?
¿Qué sucederá con los trabajadores y las comunidades afectadas?
¿Cómo se atenderán las obligaciones ambientales?
¿Se otorgará en algún momento una nueva concesión?
¿Bajo qué condiciones económicas?
¿Recibirá el Estado una participación más favorable?
¿Habrá mayores garantías ambientales?
Esas preguntas tendrán que ser respondidas con transparencia.
Porque si República Dominicana recupera capacidad de decisión sobre una concesión histórica solamente para repetir posteriormente los mismos errores, habremos perdido una enorme oportunidad.
Pero si este proceso sirve para construir un modelo de explotación minera más transparente, más responsable ambientalmente y más beneficioso económicamente para el país, entonces estaremos hablando de algo mucho más importante que la terminación de un contrato.
Estaremos hablando de un Estado que aprendió a defender lo suyo.
Y en ese aspecto hay que reconocer el mérito que corresponde a la administración del presidente Luis Abinader:
el Gobierno no esperó que un contrato de casi setenta años resolviera sus problemas por sí mismo. Decidió llevar el caso a la justicia y reclamar los derechos del Estado dominicano.
La justicia decidió.
Ahora corresponde al Gobierno demostrar que recuperar esa capacidad de decisión será verdaderamente beneficioso para la República Dominicana.
Porque defender el patrimonio nacional no consiste solamente en recuperarlo.
Consiste, sobre todo, en administrarlo mejor.
Acerca del autor
