Santo Domingo.– La tragedia que vive Haití vuelve a colocar a la República Dominicana ante una de las discusiones más complejas de su política exterior, migratoria y de seguridad nacional.
De un lado está una nación haitiana golpeada por la violencia de las bandas armadas, el desplazamiento masivo de personas, la fragilidad institucional y una crisis humanitaria que parece prolongarse indefinidamente. Del otro está República Dominicana, un país que comparte la isla de La Española, una extensa frontera y que inevitablemente recibe parte de las consecuencias de esa inestabilidad.
La situación haitiana es dramática y no admite indiferencia.
Naciones Unidas reportó en julio de 2026 que cerca de 1.5 millones de personas estaban desplazadas internamente en Haití, una cifra récord, mientras la violencia armada continúa condicionando la vida cotidiana y el funcionamiento de las instituciones.
Precisamente por esas circunstancias, William O’Neill, experto designado por Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, ha cuestionado los retornos forzados hacia un país donde persisten graves problemas de seguridad y protección.
La preocupación humanitaria es legítima.
Pero también lo es una pregunta que República Dominicana tiene derecho a formular:
Si Haití no está en condiciones de recibir de manera segura a sus propios ciudadanos, ¿sobre quién debe recaer entonces la responsabilidad de enfrentar las causas que provocan ese desplazamiento?
La respuesta no puede consistir en trasladar esa responsabilidad hacia República Dominicana.
República Dominicana endureció su política migratoria
El Gobierno dominicano ha reforzado considerablemente sus controles migratorios y fronterizos.
En abril de 2025, el presidente Luis Abinader anunció un paquete de 15 medidas destinadas a enfrentar la inmigración irregular, reforzar la vigilancia fronteriza y aumentar la capacidad operativa de las instituciones responsables de aplicar la legislación migratoria.
Los resultados de esa política pueden medirse también en el volumen de interdicciones y repatriaciones.
La Dirección General de Migración informó que durante 2025 fueron repatriados 379,553 nacionales haitianos en condición migratoria irregular. Para el primer semestre de 2026, la institución reportó 196,321 extranjeros repatriados, mayoritariamente haitianos.
Son cifras que muestran la dimensión del fenómeno que enfrenta República Dominicana.
Pero detrás de las estadísticas hay seres humanos y, precisamente por ello, la aplicación de las leyes migratorias debe realizarse respetando la dignidad, el debido proceso y los derechos fundamentales.
Defender la soberanía no significa renunciar a la humanidad.
Y defender los derechos humanos tampoco puede significar exigirle a República Dominicana que renuncie al control de su territorio.
Solidaridad sí; sustitución de Haití, no
Es ahí donde la discusión internacional necesita mayor equilibrio.
Durante años, República Dominicana ha reclamado una actuación internacional más decidida frente a la crisis haitiana.
Nuestro país puede colaborar, prestar asistencia humanitaria y respaldar los esfuerzos dirigidos a recuperar la seguridad y la institucionalidad en Haití. Pero existe una línea que no debería cruzarse: convertir el territorio dominicano en una solución permanente a la incapacidad internacional de estabilizar al país vecino.
Solidaridad sí; sustitución del Estado haitiano, no.
República Dominicana no creó la crisis haitiana.
Tampoco la creó el ciudadano haitiano que abandona su comunidad huyendo de la violencia, la pobreza extrema o el control territorial de grupos armados.
Esa distinción es fundamental.
El migrante desesperado no debe convertirse en enemigo. Pero tampoco puede pretenderse que República Dominicana absorba indefinidamente una presión migratoria provocada por problemas estructurales que exceden ampliamente sus posibilidades económicas, territoriales e institucionales.
La comunidad internacional también debe responder
Cuando organismos internacionales advierten sobre los riesgos que enfrentan las personas retornadas a Haití, esa preocupación debería ir acompañada de una respuesta igualmente contundente sobre una cuestión fundamental:
¿Qué hará la comunidad internacional para conseguir que Haití vuelva a ofrecer condiciones de seguridad a su propia población?
Porque señalar el problema no basta.
Hay que resolver sus causas.
Haití necesita recuperar seguridad, instituciones, actividad económica, servicios públicos y control efectivo de su territorio. Necesita que sus ciudadanos puedan permanecer en su país porque existen condiciones mínimas para construir allí una vida digna.
Ese debe ser el objetivo principal.
No trasladar silenciosamente las consecuencias de su crisis hacia República Dominicana.
República Dominicana también tiene obligaciones con sus ciudadanos
El Estado dominicano tiene responsabilidades humanitarias y debe cumplirlas.
Pero también posee responsabilidades constitucionales con su propia población: proteger el territorio nacional, administrar recursos públicos limitados, garantizar servicios esenciales, preservar la seguridad y hacer cumplir sus leyes.
Una responsabilidad no anula la otra.
La verdadera solución tampoco está en una República Dominicana sometida indefinidamente a una creciente presión migratoria ni en un Haití abandonado a la violencia de los grupos armados.
Está en conseguir que Haití vuelva a ser un Estado capaz de proteger a los haitianos.
La presión internacional, por tanto, debería concentrarse no solamente en cuestionar determinadas actuaciones de República Dominicana, sino también —y principalmente— en conseguir las condiciones políticas, económicas, institucionales y de seguridad necesarias para que los haitianos puedan vivir dignamente en Haití.
República Dominicana puede ser solidaria.
Puede cooperar.
Puede acompañar.
Pero no puede sustituir al Estado haitiano ni asumir sola una responsabilidad que corresponde fundamentalmente a Haití y que exige, ante la magnitud de la crisis, un compromiso mucho mayor de la comunidad internacional.
La humanidad y la soberanía no son conceptos incompatibles.
Y República Dominicana no debe ser obligada a escoger entre una y otra.
Acerca del autor
Esa narrativa sobre las responsabilidades de RD con relación al conflicto haitiano está correcta. Debieron mencionar que la culpa de que haya bandas en Haití y, la excusa perfecta para que los haitianos abandonen Haití, recae exclusivamente sobre la ONU y demás organismos internacionales.
Gracias por su opinión