Santo Domingo.– La investigación por el asesinato del dirigente comunitario y político José Frank Valerio, ocurrido en Hato Nuevo de Los Alcarrizos, apunta de manera preliminar a un posible crimen por encargo, luego de que la Policía Nacional estableciera como una de sus principales líneas que por su muerte se habrían pagado RD$50,000.
El dato todavía forma parte de la investigación y deberá ser sustentado con pruebas antes de que pueda considerarse establecido judicialmente. Corresponderá al Ministerio Público determinar la calificación jurídica definitiva del expediente.
Tres detenidos y tres prófugos
Por el caso se encuentran detenidos Saulo Keli Núñez, alias Pelota, de 22 años; Wander Javier Piña del Pozo, de 27; y Eddy Manuel Arias Recio, conocido como Tata o Capullo.
La Policía identifica además como prófugos a José Enrique Corniel Jerez, alias Iker; Fraudi Antonio Rosario Castillo, alias la Tata; y Daivy Red.
Las autoridades investigan el nivel de participación individual de cada señalado y mantienen operativos para localizar a quienes permanecen prófugos.
Valerio fue atacado en una parada de motoconchos
José Frank Valerio, de 52 años, fue asesinado a tiros la tarde del viernes 14 de agosto mientras se encontraba sentado en una parada de motoconchos ubicada en la carretera de Hato Nuevo, en Los Alcarrizos.
Las imágenes analizadas por los investigadores muestran a dos personas desplazándose en una motocicleta negra antes del ataque.
En la escena fueron recuperados cinco casquillos calibre 9 milímetros. También fue ocupada una funda negra con prendas de vestir que, según la investigación policial, guardarían relación con las observadas en los videos de vigilancia.
La Policía reconstruye las funciones de los implicados
De acuerdo con la línea preliminar de la investigación, Saulo Keli Núñez habría tenido la función de ubicar a Valerio y comunicar su localización a otros integrantes del grupo.
Eddy Manuel Arias Recio habría conducido la motocicleta utilizada durante la ejecución, mientras la Policía señala a José Enrique Corniel Jerez, actualmente prófugo, como la persona que presuntamente realizó los disparos.
Estas atribuciones corresponden a la investigación policial y deberán ser demostradas dentro del proceso judicial. Los detenidos y señalados conservan la presunción de inocencia.
El supuesto pago puede cambiar la calificación del caso
El elemento más relevante de la investigación es el presunto pago de RD$50,000 por la muerte de Valerio.
Si el Ministerio Público logra demostrar que existió una contratación, remuneración o promesa de pago vinculada directamente con el asesinato, el expediente podría ser evaluado bajo la figura de sicariato incorporada al nuevo Código Penal dominicano.
El artículo 98 de la Ley 74-25 contempla esa infracción para quien planifique, encargue, ordene o ejecute un asesinato a cambio de una remuneración o de una promesa de remuneración.
La norma establece penas de 30 a 40 años de prisión mayor y multas de entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público.
El crimen ocurrió después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal
El nuevo Código Penal entró en vigencia el 3 de agosto de 2026, mientras el asesinato de Valerio ocurrió el 14 de agosto.
Esa secuencia temporal permitiría que la nueva figura penal sea considerada si las pruebas confirman que el homicidio fue ejecutado a cambio de dinero.
Antes de la entrada en vigor de esta legislación, los crímenes por encargo eran investigados y procesados bajo otras figuras penales, aunque el término sicariato ya se utilizaba de manera habitual en investigaciones criminales.
Era dirigente comunitario y político en Los Alcarrizos
Valerio era conocido por su trabajo comunitario y su participación en organizaciones barriales de Los Alcarrizos.
También había sido identificado por familiares y allegados como dirigente del partido Dominicanos por el Cambio (DXC) en el municipio.
Su muerte generó preocupación entre residentes y dirigentes comunitarios por las características del ataque y por la posibilidad de que se trate de una ejecución planificada.
La investigación ahora busca determinar quién habría ordenado el crimen
Si se confirma la hipótesis de un pago por encargo, la investigación deberá establecer no solo quiénes participaron materialmente en el ataque, sino también quién habría ordenado la muerte, cuál fue el móvil y cómo se habría coordinado el pago.
La Policía Nacional continúa las pesquisas bajo coordinación del Ministerio Público, mientras procura localizar a los tres hombres que permanecen prófugos y reunir evidencias que permitan sustentar cada una de las imputaciones.
Por ahora, el supuesto pago de RD$50,000 sigue siendo una línea preliminar de investigación y no una conclusión judicial definitiva.
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