Editorial | Diario El Caribeño
La educación es un derecho fundamental. Pero garantizar ese derecho exige mucho más que proclamarlo: requiere aulas, maestros, alimentación escolar, libros, presupuesto, infraestructura y una política pública capaz de responder a la realidad que enfrenta la República Dominicana.
Las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, han colocado nuevamente sobre la mesa una discusión que el país debe abordar con serenidad y humanidad, pero también con responsabilidad nacional.
Hidalgo sostuvo que la educación es un derecho universal y afirmó que, aun en las provincias fronterizas donde existe una mayor presencia de estudiantes extranjeros, “la población dominicana tiene garantizado su espacio”. Agregó que no se trata de que un extranjero le quite el pupitre a un dominicano y señaló que el año escolar se garantiza tanto a nacionales como a extranjeros.
Partamos de una realidad que no debería generar discusión: ningún niño es responsable de la situación migratoria de sus padres ni de la crisis política, económica y social del país donde nació.
Un niño haitiano merece dignidad y protección por su condición de niño.
Pero reconocerlo no impide formular preguntas que un Estado responsable tiene la obligación de hacerse.
Educación y control migratorio pueden coexistir
La Constitución dominicana establece en su artículo 63 el derecho a la educación, mientras la Ley General de Educación 66-97 desarrolla el acceso a este derecho dentro del sistema educativo nacional.
Al mismo tiempo, la República Dominicana posee una legislación migratoria que regula la entrada y permanencia de extranjeros en territorio nacional y establece las competencias del Estado frente a quienes se encuentran en condición migratoria irregular.
Por tanto, dos principios pueden coexistir: el respeto de los derechos fundamentales de un niño y el derecho soberano del Estado dominicano a hacer cumplir sus leyes migratorias.
Una cosa no anula la otra.
Matricular a un niño en una escuela no debería convertirse en una regularización migratoria automática de su familia. De igual manera, la irregularidad migratoria de sus padres no convierte al niño en culpable ni autoriza a responsabilizarlo por una situación que no creó.
El verdadero debate, entonces, no debería plantearse como una confrontación entre niños dominicanos y niños haitianos.
Debe plantearse desde la capacidad, las prioridades y las responsabilidades del Estado dominicano.
Ningún dominicano debe quedarse sin su pupitre
Cuando Eduardo Hidalgo afirma que la población dominicana tiene garantizado su espacio, esperamos que efectivamente sea así.
Porque antes de cualquier otra consideración, República Dominicana debe asegurar que ningún niño dominicano se quede sin un pupitre en la escuela pública de su propio país.
Ese debería ser un compromiso innegociable.
Si existen aulas suficientes, maestros suficientes, alimentación escolar suficiente, libros suficientes y recursos suficientes para responder a toda la demanda, la discusión adquiere una dimensión.
Pero si en determinadas comunidades existen aulas saturadas, infraestructura insuficiente o familias buscando cupos, el Estado tiene la obligación de reconocer esa realidad y planificar sus políticas públicas de acuerdo con la capacidad real del sistema educativo.
Esto no es xenofobia.
Es planificación.
Los derechos no se materializan únicamente mediante declaraciones. Requieren recursos, infraestructura y capacidad institucional.
Y precisamente por eso la discusión debe trascender las consignas.
¿Hasta dónde llega la capacidad del Estado dominicano?
Existe una pregunta todavía mayor que República Dominicana no puede continuar postergando:
¿Hasta dónde puede nuestro país absorber mediante sus escuelas, hospitales y demás servicios públicos las consecuencias de la prolongada crisis institucional haitiana?
Haití continúa teniendo una responsabilidad fundamental con su propia población. La comunidad internacional también debe asumir un papel mucho más efectivo frente a una crisis que inevitablemente ejerce una presión extraordinaria sobre República Dominicana por compartir la misma isla y una extensa frontera terrestre.
No puede convertirse en norma que cada deficiencia institucional del vecino país encuentre como respuesta permanente una ampliación ilimitada de los servicios públicos dominicanos.
República Dominicana puede ser solidaria.
Debe ser humana.
Debe respetar los derechos fundamentales.
Pero la solidaridad no significa renunciar a las fronteras, a las leyes, a la planificación ni a las prioridades nacionales.
Derechos humanos y soberanía no son incompatibles
El derecho a la educación tampoco debe convertirse en argumento para ignorar la situación migratoria de quienes permanecen irregularmente en territorio dominicano.
Son asuntos diferentes que el Estado tiene la responsabilidad de administrar simultáneamente.
Podemos proteger al niño sin renunciar al control migratorio.
Podemos garantizar derechos sin convertirlos automáticamente en mecanismos de regularización.
Podemos ser solidarios sin asumir que la capacidad financiera e institucional del Estado dominicano es infinita.
Y podemos hablar de esta realidad sin convertir a ningún niño haitiano en enemigo de un niño dominicano.
La responsabilidad corresponde a los gobiernos, a las políticas migratorias y a la planificación de los servicios públicos.
Por eso, frente a las palabras de Eduardo Hidalgo, Diario El Caribeño plantea una posición sencilla pero firme:
Sí, la educación es un derecho fundamental. Sí, los niños deben ser tratados con dignidad independientemente de su origen. Y sí, República Dominicana debe cumplir sus obligaciones constitucionales.
Pero simultáneamente debe hacer cumplir sus leyes migratorias y garantizar que la presión sobre los servicios públicos no termine perjudicando a quienes constituyen su responsabilidad primaria como Estado.
Antes de proclamar que existen pupitres para todos, debemos tener una certeza:
que ningún niño dominicano se quede sin el suyo.
Esa no es una posición contra Haití.
Es una posición a favor de República Dominicana.
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