La función esencial de toda fuerza policial es proteger a la ciudadanía, preservar el orden público y hacer cumplir la ley. Cuando esa misión se distorsiona y quienes portan el uniforme son señalados por ejercer una fuerza desproporcionada, no solo resulta afectada la víctima directa: también se debilita la confianza de toda la sociedad en una de sus instituciones fundamentales.
Las imágenes que han circulado sobre la agresión de agentes policiales contra un joven en Sabaneta, Santiago Rodríguez, han provocado indignación y reabierto un debate que la República Dominicana no ha logrado cerrar: el de la necesidad de una reforma policial que se refleje en la actuación cotidiana de sus miembros.
La autoridad no se construye mediante el miedo ni se impone a golpes. La verdadera autoridad nace del respeto a la ley, de la disciplina y del profesionalismo. Un uniforme no concede privilegios por encima de la Constitución; al contrario, exige un compromiso aún mayor con los derechos humanos, la prudencia y el uso proporcional de la fuerza.
Durante los últimos años se han anunciado cambios importantes en la Policía Nacional. Se han puesto en marcha programas de capacitación, nuevos protocolos y procesos de transformación institucional. Sin embargo, cada vez que ocurre un hecho que genera cuestionamientos sobre la actuación policial, la ciudadanía vuelve a preguntarse si esos esfuerzos están produciendo los resultados esperados.
La preocupación no surge únicamente por un caso en particular. Surge porque cada episodio de presunto abuso alimenta la percepción de que aún existen prácticas incompatibles con el modelo de policía moderna que el país aspira a consolidar. Esa percepción solo puede revertirse mediante investigaciones oportunas, transparencia y la aplicación de las sanciones correspondientes cuando así lo determinen los procesos establecidos.
Todo ciudadano merece ser tratado con dignidad, independientemente de su edad, condición social o del motivo por el que sea requerido por una autoridad. Un procedimiento policial puede ser firme, pero siempre debe desarrollarse dentro de los límites que establecen la ley, el debido proceso y el respeto a la integridad física de las personas.
Defender la institucionalidad también implica exigir que quienes incumplen los principios que rigen el servicio policial respondan por sus actos. La credibilidad de la Policía Nacional depende, en buena medida, de su capacidad para actuar con transparencia y corregir cualquier conducta que se aparte de su misión constitucional.
La República Dominicana necesita una policía cercana a la comunidad, preparada para prevenir conflictos, dialogar y actuar con profesionalismo. Una institución que inspire confianza y no temor; que sea reconocida por proteger los derechos de los ciudadanos y no por vulnerarlos.
La reforma policial alcanzará su verdadero objetivo cuando cada dominicano pueda sentirse seguro tanto frente a la delincuencia como frente a cualquier actuación de la autoridad. Ese es el estándar que merece una democracia y el compromiso que debe guiar el fortalecimiento de una institución llamada a servir, proteger y hacer cumplir la ley.
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