Las redes sociales nacieron como espacios para compartir ideas, debatir, informar y conectar personas. Sin embargo, en los últimos años estamos presenciando una práctica cada vez más preocupante: el uso de comunidades digitales como verdaderos ejércitos para intimidar, silenciar o castigar a quienes publican opiniones que no favorecen a determinadas figuras públicas o influencers.
A esta conducta podríamos llamarla sicariato digital.
No se trata del debate legítimo ni del derecho de una persona a defenderse frente a una acusación. Tampoco hablamos de usuarios expresando espontáneamente su desacuerdo. El problema comienza cuando alguien con miles o millones de seguidores utiliza deliberadamente esa capacidad de convocatoria para señalar una cuenta, una publicación, un periodista o un ciudadano y provocar una ofensiva colectiva contra él.
Basta una frase: “Vayan a decirle lo que ustedes piensan”. O una captura de pantalla acompañada de una mención. Minutos después pueden aparecer cientos de comentarios agresivos, insultos, amenazas, denuncias masivas ante la plataforma y campañas destinadas a destruir la reputación digital del señalado.
En algunos casos, el objetivo parece ir todavía más lejos: lograr que una plataforma limite, suspenda o elimine una cuenta mediante reportes coordinados.
Ahí la influencia deja de ser simplemente influencia y comienza a convertirse en un instrumento de presión.
Una nueva forma de poder
Durante años hemos discutido el enorme poder que han adquirido los influencers. Algunos poseen audiencias superiores a las de importantes programas de televisión, emisoras de radio e incluso medios de comunicación tradicionales.
Ese poder conlleva una responsabilidad.
Una comunidad digital de cientos de miles de seguidores puede impulsar una causa noble, ayudar a una familia, promover una campaña social o hacer visible una injusticia. Pero esa misma comunidad también puede convertirse en una multitud utilizada para atacar a quien piensa diferente.
El problema no es tener seguidores.
El problema es convertir seguidores en soldados.
Cuando alguien utiliza su audiencia para castigar opiniones adversas, se produce un peligroso desequilibrio. Una persona con quinientos seguidores difícilmente puede defenderse en igualdad de condiciones frente a otra capaz de movilizar cientos de miles.
Eso no es debate.
Es intimidación por superioridad numérica.
El desacuerdo no puede convertirse en sentencia
Una sociedad democrática necesita voces incómodas.
Periodistas, comunicadores, medios, ciudadanos e incluso otros influencers deben tener derecho a cuestionar, criticar o expresar una opinión contraria sin temor a que una multitud digital sea enviada contra ellos.
Hoy puede ser una cuenta pequeña.
Mañana puede ser un periodista.
Después puede ser un medio de comunicación.
Y finalmente podría ser cualquier ciudadano que simplemente haya escrito algo que molestó a una persona poderosa en internet.
Normalizar estas conductas significaría aceptar una especie de justicia digital privada donde algunas figuras deciden quién merece ser castigado y sus seguidores ejecutan la sentencia.
Ese camino es peligroso.
Criticar no es acosar
También debemos establecer una diferencia importante.
Las personas públicas están sometidas al escrutinio de la sociedad. Un influencer, político, empresario, artista o comunicador tiene perfectamente derecho a responder cuando considera que una información es falsa o injusta.
Lo que no debería convertirse en práctica aceptable es señalar públicamente a una persona para que una multitud la ataque.
Mucho menos intentar eliminar opiniones mediante denuncias masivas simplemente porque resultan incómodas.
Las herramientas de reporte de las plataformas existen para combatir fraude, amenazas, discursos de odio, suplantaciones y otras violaciones reales de sus normas.
Utilizarlas como mecanismo de venganza puede terminar debilitando precisamente los sistemas creados para proteger a los usuarios.
Las plataformas también tienen responsabilidad
Las grandes redes sociales enfrentan además un desafío importante.
Sus sistemas deben ser capaces de distinguir entre una denuncia legítima y una campaña coordinada.
Una cuenta no debería desaparecer únicamente porque miles de personas decidieron reportarla al mismo tiempo. La cantidad de denuncias nunca debería sustituir la evaluación objetiva del contenido.
De lo contrario, se establece una regla tremendamente peligrosa:
quien tenga la comunidad más grande tendrá también mayor capacidad para decidir quién puede permanecer en la conversación pública.
Internet no puede funcionar bajo esa lógica.
Influencia también significa responsabilidad
Ser influencer no significa únicamente acumular seguidores, reproducciones o contratos comerciales.
Influir significa tener capacidad para modificar comportamientos.
Por eso, mientras mayor sea una audiencia, mayor debe ser la responsabilidad con la que se utiliza.
Una palabra pronunciada frente a cien personas tiene consecuencias.
La misma palabra pronunciada frente a dos millones puede provocar una avalancha.
Quienes poseen grandes comunidades deberían comprender esa diferencia.
Porque existe una línea muy clara entre defenderse y enviar una multitud contra alguien.
Entre responder y acosar.
Entre debatir y silenciar.
Defender la libertad también cuando incomoda
Las redes sociales deben seguir siendo espacios donde las ideas puedan enfrentarse con ideas.
Una publicación equivocada se responde con argumentos.
Una información falsa se desmonta con evidencias.
Una opinión injusta se confronta públicamente.
Pero intentar destruir una cuenta, intimidar a una persona o movilizar seguidores para castigar una posición adversa representa una degradación del debate público.
Hoy algunos pueden celebrar porque la víctima pertenece al grupo contrario.
Pero mañana la misma herramienta podría utilizarse contra ellos.
Por eso este fenómeno merece atención antes de que termine normalizándose.
El sicariato digital no fortalece la libertad de expresión: la amenaza.
Porque cuando una sociedad comienza a permitir que las multitudes digitales determinen quién puede hablar y quién debe callar, ya no estamos frente a una conversación democrática.
Estamos frente a una nueva forma de censura.
Y la censura, aunque ahora llegue acompañada de seguidores, “likes”, reportes y tendencias, continúa siendo censura.
Editorial — Diario El Caribeño
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