Editorial — Diario El Caribeño. La elección de Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia y la designación de seis magistrados abren una nueva etapa institucional. El verdadero desafío será transformar la confianza depositada en sus integrantes en una justicia más oportuna, independiente y cercana a los ciudadanos.
La República Dominicana se prepara para una nueva etapa en la conducción de uno de sus poderes fundamentales: el Poder Judicial.
La elección del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, junto con la selección de seis nuevos jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la institucionalidad democrática del país. La Presidencia de la República confirmó las designaciones el 2 de noviembre de 2026. La juramentación y la toma de posesión están previstas para el próximo 10 de noviembre.
No se trata simplemente de cambiar nombres ni de ocupar vacantes. Se trata de renovar responsabilidades en una institución cuyas decisiones repercuten directamente en la vida de los ciudadanos, en la seguridad jurídica y en la confianza que debe inspirar el Estado de derecho.
El Consejo Nacional de la Magistratura ha concluido una parte fundamental de ese proceso. La incorporación formal de los designados está pendiente; después vendrá una etapa igualmente importante: la de los resultados.
La trayectoria profesional, la experiencia acumulada y el conocimiento jurídico de quienes integrarán esta nueva composición constituyen elementos relevantes para valorar sus capacidades. Justiniano Montero, además, no llega por primera vez al tribunal: ya era magistrado de la Suprema Corte. Pero ningún nombramiento, por sí solo, garantiza la calidad de la justicia.
La confianza ciudadana no se decreta ni se obtiene automáticamente con una designación. Se construye mediante decisiones transparentes, independientes y fundamentadas en la ley.
Una justicia que responda a la gente
Uno de los reclamos persistentes de la sociedad dominicana ha sido contar con procesos judiciales más ágiles, decisiones oportunas y un sistema capaz de responder a las necesidades de quienes acuden a los tribunales.
Porque detrás de cada expediente existe una historia humana.
Está la familia que espera una sentencia. El trabajador que reclama sus derechos. El empresario que necesita seguridad jurídica. La víctima que exige una respuesta institucional. Y también el ciudadano acusado que merece un proceso justo, con todas las garantías constitucionales.
La justicia no puede medirse únicamente por la cantidad de decisiones emitidas.
Debe medirse también por su calidad, por el respeto al debido proceso, por la coherencia de sus criterios y por la capacidad de ofrecer respuestas dentro de plazos razonables.
Independencia, probidad y responsabilidad
La Suprema Corte de Justicia tiene una responsabilidad que trasciende los intereses particulares y las coyunturas políticas.
Sus integrantes están llamados a actuar con independencia, prudencia, probidad y estricto apego a la Constitución y las leyes.
La independencia judicial no significa ausencia de controles ni de responsabilidad. Significa que cada decisión debe responder al derecho y a las pruebas, no a presiones externas, simpatías personales o intereses circunstanciales.
De igual manera, la transparencia institucional debe permitir que la ciudadanía conozca los avances, los desafíos y los resultados del sistema judicial.
Una justicia confiable necesita jueces preparados, pero también procedimientos eficientes, acceso a la información y mecanismos de rendición de cuentas compatibles con la autonomía del Poder Judicial.
La oportunidad de fortalecer la institucionalidad
La nueva dirección de la Suprema Corte encontrará desafíos importantes.
Entre ellos figuran la necesidad de seguir reduciendo los retrasos judiciales, fortalecer la uniformidad de los criterios jurisprudenciales, modernizar los servicios y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La nueva dirección no parte de cero. Recibe una institución que ha desarrollado iniciativas de modernización y reducción de la mora judicial. El propio Poder Judicial ha documentado avances y retos pendientes en sus informes de gestión 2019-2026, y dispone del Plan Justicia del Futuro 2034. Corresponderá consolidar esos esfuerzos, atender las dificultades pendientes y convertir los compromisos en resultados sostenibles para la ciudadanía.
Estos retos no dependen exclusivamente de una persona ni pueden resolverse de un día para otro.
Requieren planificación, continuidad institucional, recursos adecuados y una visión compartida de servicio público.
También demandan respeto a la carrera judicial, formación permanente y condiciones que permitan a los jueces ejercer sus funciones con independencia y responsabilidad.
La renovación de la Suprema debe ser una oportunidad para examinar esas prioridades y establecer compromisos verificables.
El país espera resultados
La elección de Justiniano Montero y de los nuevos magistrados debe analizarse desde la importancia de la función que asumirán, sin anticipar éxitos ni fracasos.
Corresponderá a sus decisiones, a su gestión y a los resultados institucionales demostrar cómo responderán a las expectativas de la sociedad.
La República Dominicana necesita una justicia que inspire confianza tanto cuando una sentencia favorece a una persona como cuando le resulta adversa.
Una justicia cuya autoridad provenga de la Constitución, de la ley y de la solidez de sus decisiones.
Una justicia que no tenga que demostrar cercanía con ningún poder, sino compromiso con los derechos de todos.
La verdadera trascendencia de esta renovación no estará en los nombres que hoy ocupan los titulares, sino en la huella institucional que dejen sus decisiones.
El Consejo Nacional de la Magistratura ha cumplido su función de selección. Tras la juramentación y la toma de posesión, los magistrados asumirán plenamente la responsabilidad de ejercer la suya.
Y la ciudadanía tendrá el derecho de observar, exigir y evaluar sus resultados.
Porque la justicia que República Dominicana merece no se define por una ceremonia de juramentación.
Se construye todos los días, en cada expediente, en cada audiencia y en cada sentencia dictada con independencia, integridad y respeto a la ley.
Editorial — Diario El Caribeño
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